¿Por qué el gobierno argentino esconde las cifras de pobreza?

Escondiendo a los pobres, multiplicando la pobreza          

Por Gabriel Solano

Es cierto que cuando el gobierno justificó la suspensión de la publicación de los índices de pobreza e indigencia elaborados por el INDEC con la frase enigmática de “problemas de empalme” rápidamente se desataron burlas y bromas de todo tipo. No faltaron quienes confirmaron la especie que a Capitanich más que a un hábil declarante habría que considerarlo un giripolla. Sin embargo, esta vez, el chaqueño no faltó completamente a la verdad. Ocurre que luego de que Kicillof pactara con el FMI dar un índice de inflación más cercano a la realidad era imposible proseguir con la mentira descarara de que la pobreza es del 6%. Tampoco un número así era acorde con la revisión del crecimiento del PBI del 2013, que de un día para otro Kicillof lo redujo casi en un 50%. El “empalme” con el FMI no se lo permitió.

La alternativa que le quedaba al gobierno, claro, era decir la verdad. Para eso hubiese alcanzado con preguntarle a los técnicos del Indec desplazados, que han realizado mediciones que sitúan el índice de pobreza en un 36.5 % y el de indigencia en un 12.1%. Estamos hablando, nada más y nada menos, de 13.4 millones de personas pobres, de las cuales 5 millones son indigentes. Pero si estas cifras no fueron difundidas por el gobierno fue porque también generaban problemas de “empalme”, no ya con el FMI sino con el relato kirchnerista de la “década ganada”. Al final se hubiese aceptado sin controversias lo que venimos denunciando sistemáticamente: que los beneficiados por el kirchnerismo fueron los banqueros, sojeros, exportadores e industriales, a costa de los trabajadores, los jubilados, el medio ambiente y la infraestructura general del país.

El ocultamiento que el gobierno hace del nivel alcanzado por la pobreza busca disimular hechos de enorme importancia. El primero de ellos es que la pobreza alcanza no sólo a los mal llamados “excluidos”, sino también a una parte considerable de los trabajadores en actividad. Cuando el 50% tiene salarios inferiores a los $ 5.000 mensuales, es claro que millones de trabajadores revisten la categoría de pobres –no sólo ellos, sino también sus familias. Más grave aún es la situación de los jubilados. El 80% de ellos, equivalente a más de 4 millones de personas, percibe un haber de $ 2.770, un monto irrisorio e indignante que contrasta con la confiscación de los fondos de la Anses que se ejecuta para pagar la deuda pública y los subsidios a las empresas privatizadas.

La transformación del trabajador en “pobre” echa por tierra una de las maniobras más reaccionarias del kircherismo, que consiste en oponer al trabajador en actividad al “excluido”. Siempre según el relato oficialista el trabajador debe pagar impuesto a las ganancias –aunque el salario no lo sea- para sostener al “excluido”. Si el trabajador rechaza hacerlo será considerado un “egoísta”,  y si recurre a la lucha para impedir esa confiscación será tildado de “golpista aliado a la derecha”. La perversión que vemos aquí es enorme. Al trabajador, que es quien sostiene con su producción al conjunto de la sociedad aunque el sufre todo tipo de privaciones, se lo considera una capa social privilegiada y no lo que es, un explotado por el capital. Y al Estado, que garantiza este sistema de explotación, se lo pretende presentar como el instrumento idóneo de la distribución de la riqueza.

Esta deformación ideológica busca encubrir a un kirchnerismo cuyo origen y ciclo de “auge” estuvieron vinculados directamente con la “pobreza”. Es que la dupla Duhalde-Lavagna primero, y la de Kirchner-Lavagna, después, se valieron de la enorme desvalorización de la fuerza de trabajo generada por la devaluación del 2002 para impulsar un ciclo de enormes beneficios de los capitalistas. El crecimiento económico tantas veces ponderado tuvo oculto un proceso de confiscación social concreto, que le permitió a empresarios y banqueros llevársela en “pala”, mientras los acreedores internacionales cobraron una deuda pública que había sido evaporada por la bancarrota económica. La muy publicitada “quita” de deuda operada en el canje del 2005 fue compensada exactamente por el Cupón PBI, del que se lleva pagado ya 20.000 millones de dólares y queda por pagar otro tanto.

Los intentos de mantener esta desvalorización de la fuerza de trabajo mediante un peso desvalorizado, por un lado, y la defensa acérrima de los intereses de los exportadores que pugnaban por un dólar fuerte, generó una inflación creciente que mandó a la quiebra el “modelo productivo” del kirchnerismo. Los primeros chisporroteos se vieron en el 2008 con la ruptura de quien era hasta entonces un aliado del gobierno, el capital agrario. Los intentos del gobierno de superar este impasse echando mano a la cajas del Anses y del Banco Central sirvieron para lograr la re-elección de Cristina pero no para dar una salida a la crisis de la política económica oficial.

La llegada de Kicillof, con su devaluación bajo el brazo, más los tarifazos y la suba de la tasa de interés, persigue el propósito de ejecutar una nueva desvalorización de la fuerza de trabajo. El incremento de la pobreza no es entonces una consecuencia no deseada del llamado “modelo”, sino la  base sobre la cual se sustenta.

Conclusión final: un gobierno que genera 14 millones de pobres es por definición reaccionario. Y uno que oculta ese dato crucial es, además, inmoral.