El silencio de los sospechosos
Empecemos por el principio, lo más sencillo y lo más obvio, aunque parezca reiterativo: Néstor Kirchner y Lázaro Báez fueron socios en un emprendimiento inmobiliario. Y, por lo tanto, su esposa también lo fue. Por otra parte, Austral Construcciones fue la empresa que más obra pública obtuvo de toda la Patagonia. La cartelización de la constructora de Báez fue denunciada decenas de veces. El ex gobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo y la ex accionista de la constructora Kank y Costilla, Estela Kank, volvieron a repetir, en las últimas horas, lo que habían denunciado en El Dueño , en noviembre de 2009. Uno dijo que había renunciado porque se negó a pagar por adelantado, con plata del Estado provincial, un sobreprecio que reclamaba la empresa de Báez. La otra contó cómo Lázaro se quedó con parte de su empresa. También detalló cómo se pagaban las coimas a funcionarios. Pero no sólo me lo dijo a mí y a Rodrigo Alegre, del equipo de PPT. También dejó constancia de los hechos en un expediente judicial. Por otra parte, lo más altos directivos de Austral, junto con Badial, Gotti y otras firmas de Báez, fueron condenados por usar facturas apócrifas por más de 500 millones de pesos. Sigamos: el socio de Kirchner no fue preso sólo porque, en el camino, se aprobó y promulgó una ley de moratoria y blanqueo. Pero el delito de evasión se cometió. Y el uso de las facturas truchas pudo haber tenido origen en el blanqueo de coimas pagadas en negro.
Por todo eso y algunas cosas más -como el hecho de que Báez y su esposa compartieron la última cena con Néstor y Cristina, y que el ascendente empresario le construyó un mausoleo al ex presidente- es inevitable que cualquier argentino más o menos informado vincule al sospechado con la Presidenta. Por lo demás, todo parece indicar que ni las repercusiones por la investigación de la ruta del dinero negro de Báez ni el clima de indignación que envuelve a una parte de la sociedad vayan a apagarse como por arte de magia. ¿Por qué entonces Cristina Kirchner no sale y se desmarca de manera definitiva del ex cajero del Banco de Santa Cruz? ¿No es lo primero que debería hacer, para terminar con todas las habladurías? ¿Supone acaso que los sucesos del Borda, donde la policía metropolitana reprimió de manera brutal no sólo a militantes encapuchados sino también a periodistas, legisladores, médicos, enfermeras y pacientes, pueden servir para quitar de la agenda pública el asunto del lavado? ¿Cree, acaso, de verdad, la jefa del Estado, que las informaciones son una pavada, como las calificó el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina? ¿Entiende, como Julio De Vido, que las denuncias periodísticas son hechas por quienes le buscan el pelo al huevo? ¿O tiene, Ella, la secreta esperanza de que la procuradora Alejandra Gils Carbó y sus otros operadores en la Justicia consigan diluir el expediente y transformar los presuntos delitos en meros impactos mediáticos?
No es difícil adivinar que Báez apareció ante una cámara de televisión y una semana después anunció que se presentaría a declarar de manera espontánea ante la Justicia para quitarle presión a la propia Presidenta. Sin embargo, a esta altura debería haber comprendido que no es suficiente. Las repercusiones parecen ser infinitas. Las hay de todas las formas y colores. La Justicia de Suiza ya pidió información sobre las cuentas de uno de los hijos de Báez. Legisladores de la oposición en Uruguay quieren saber qué tuvieron que ver los bancos y los aeropuertos de su país con la ruta del dinero que delinearon Federico Elaskar y Leonardo Fariña . Los movileros de los programas de espectáculos hacen guardia en la casa de Karina Jelinek y Fabián Rossi, el esposo de Iliana Calabró. En cualquier momento vuelve a aparecer Fariña para hacer "nuevas aclaraciones" . Y todavía, más allá de Báez, hay causas que parecen dormidas, pero que tanto fiscales como jueces y periodistas de investigación tienen la intención de que no terminen en la nada. La participación de Boudou en el caso Ciccone es una de ellas. La de Sueños Compartidos, que involucra a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, pero también a Hebe de Bonafini y que llegaría hasta el propio Néstor Kirchner, todavía no se cerró, y se deberían esperar más novedades, a pesar del propio magistrado Norberto Oyarbide.
Así como a partir de 2009 resurgió en las librerías el periodismo de investigación y todavía perdura, las notas de Periodismo para Todos volvieron "a poner de moda" la denuncia en televisión. Y la onda expansiva llegó a la radio. Las emisoras y los programas que hablan y aportan más datos sobre hechos de corrupción ganan audiencia a pasos agigantados. Las radios y los periodistas que los ignoran están comprobando, ahora mismo, cómo sus oyentes se fugan en masa. El desconcierto en el que parecen sumidos los empleados de las redes sociales que trabajan para el Gobierno y aún quienes lo defienden de manera honesta es un buen dato para intuir cuál es la envergadura de este nuevo clima de temporada. Igual que Cristina, los intelectuales de Carta Abierta parecen no tener nada que decir sobre el caso de Lázaro Báez y todas sus ramificaciones. Tampoco los programas oficiales y paraoficiales de televisión resultan tan efectivos para neutralizar las afirmaciones de los periodistas críticos. Ni siquiera la coyuntura de la economía parece acompañar al Gobierno. Al contrario: la constante subida del dólar paralelo, lejos de pasar inadvertida, genera todavía más mal humor y preocupación en una buena parte de la clase media.
Un ex ministro de Néstor y Cristina me recordó, la semana pasada, que la Presidenta, tras la muerte de Kirchner, les había dejado en claro a por lo menos tres de los amigos de negocios de su compañero que Ella iba a empezar a funcionar de otra manera. Que no iba a permitir ningún acuerdo fuera de lugar ni avalaría ninguna decisión que implicara obrar por encima de la ley. Uno de ellos es Báez. Este sería un momento excepcional para que se parara frente a los argentinos e hiciera honor a su palabra. Para que dejara en claro que no va a mover ni un solo dedo para que Báez no sea investigado y condenado, si es que se prueba su participación en los hechos denunciados. Algo parecido a lo que hace la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y que tanto aprueba la mayoría de su país. Nos taparía la boca a todos. Sería muy reparador. Y terminaría con el estado de sospecha.
(Tiene razón Majul)
