Decretos de Necesidad y Urgencia

 La cuestión son los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia)

Por Raúl Degrossi


...porque son una de las principales herramientas para gobernar que tiene Cristina hasta el 2011, por eso acá le bajan el tono al tema Redrado (porque además se quemó el rancho opositor) y acá en cambio van adelante con los faroles de la mano del fiestero Badeni y Cassagne padre (la cosa no está para dejársela al nene):

Explico (o trato):

El gobierno tiene prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2011 (más allá del final del mandato de Cristina) la Ley de Emergencia Económica 25561, que incluye unas cuantas facultades delegadas y la posibilidad de renegociar los contratos de las empresas de servicios públicos privatizadas, entre otras cosas (fijar el tipo de cambio por ejemplo).

Tiene Presupuesto 2010 y si a fin de año no le votaran el 2011, puede prorrogar el 2010 porque lo contempla la Ley de Administración Financiera 12510; y si se lo votan con modificaciones puede vetarlo parcialmente y promulgar las partes no vetadas.

Para cualquier iniciativa opositora que no le guste tiene el veto, y no creo que el Grupo A junte los dos tercios para poder insistir.

Las facultades delegadas (que incluyen las retenciones por ejemplo) vencen el 24 de agosto, pero si no se las prorrogan, quedan vigentes igual los actos dictados en uso de esas facultades con anterioridad (por ejemplo las resoluciones de Economía fijando retenciones), y si el Congreso los quiere derogar, debe dictar una ley y ahí volvemos al tema de los vetos.

La Ley 26122, que regula el trámite de los DNU en el Congreso, es la que también regula el procedimiento (igual al que vimos ayer por televisión) para analizar los vetos parciales del Poder Ejecutivo a leyes del Congreso (por ejemplo la reforma política) para dictaminar si lo promulgado tiene autonomía jurídica para ser promulgado como ley, sin esperar a que el Congreso trate el veto; y también para analizar la legislación dictada en uso de las facultades delegadas.

Sobre los DNU, la ley es muy clara: una vez analizados por la Bicameral (la que se reunió ayer), el Congreso por intermedio de ambas Cámaras (por separado) debe darle "expreso e inmediato tratamiento" (artículo 21), lo que implica pronunciarse por sí o por no por la validez del DNU, sin poder modificarle una coma (artículo 23), por sendas resoluciones de cada Cámara (artículo 22), pero "inmediato" tampoco es un plazo concreto, como si lo son los diez días hábiles que tiene el Jefe de Gabinete para mandar los DNU al Congreso, y la Bicameral para tratarlos (otros diez desde entonces); plazo que recuerdo surgen de la Constitución, misma que dice "inmediato" para que el Congreso lo trate (si no se pusieron de acuerdo en el Pacto de Olivos, joderse).

Con que una de las dos Cámaras (por ejemplo el Senado) diga que lo aprueba, el DNU queda ratificado porque para el rechazo deben sumarse los rechazos de las dos Cámaras, que lo analizan por separado y simultáneamente (o sea no una después de la otra, como una ley), lo cual crea otro marco de análisis y de presión (piensen por ejemplo en el trámite de la ley de medios, con las presiones para cambiarle en el Senado una coma al texto de Diputados para que volviera y pasara para luego del 10 de diciembre).

Mientras lo tratan (como se dijo con insistencia estos días) los DNU tienen vigencia y deben cumplirse (artículo 17 de la Ley 26122); y por eso se usan, porque no son fáciles de tumbar, hasta que la Justicia metió la cola y por eso la gente del Grupo A fue a Comodoro PY más rápido que al Congreso.

Por eso el gobierno usó un DNU para rajarlo a Redrado, porque con un decreto simple primero se discutía en el Congreso (por la Comisión que crea la Carta Orgánica del BCRA) y luego Cristina decidía, con el DNU es al revés.

El gobierno no convoca a extraordinarias porque no tiene la certeza de que los decretos sean aprobados (habrá que ver como están los números), y/o porque no puede ceder en el hecho de que es una prerrogativa de la Presidenta (exclusiva en mi opinión, la Constitución es para mí clara y el Congreso no puede autoconvocarse), y ella decide cuando, como y porqué la ejerce.

La oposición en tanto, tampoco parece estar muy segura de tener los números en las dos Cámaras para rechazar los DNU (sobre todo el primero, el segundo puede ser abstracto en días si el torniquete sobre Redrado termina en su renuncia) y por eso plantea que la Presidenta convoque a extraordinarias "para tratar el tema del Fondo del Bicentenario y analizar alternativas", algo (lo segundo) que no podría hacer en el marco puro y simple de analizar un DNU (como dije, o lo aprueba o lo rechaza).

Encima se la sirvieron en bandeja a Carrió para reaparecer más bronceada (si tal cosa fuera posible) y con su discurso de republicanismo ético no transero, que le permitirá ganar adeptos entre los lectores de La Nación que se estaban entusiasmando con Cleto (ese es otro tema a seguir).

También se empezó a caer la idea de la "autoconvocatoria del Congreso" por varias razones: es insostenible en términos constitucionales (al menos en mi opinión), no deben tener los números para juntar el quórum (con que no le alcancen en una de las dos, no pueden sesionar, artículo 65 CN) y sienta un peligroso precedente para un futuro gobierno de los hoy opositores (piensen en los últimos meses de De La Rúa y la amenaza de autoconvocatoria del PJ, sin concretarse miren como terminó la cosa).

Por eso la ofensiva judicial sigue avanti, va más allá de Redrado (un cadáver a esta altura), de la "autonomía" del Banco Central (tan dañada en estos días por ambos lados, como el aura de impunidad de Ernestina por los pibes, ambas cosas obviamente para bien), de las reservas y del pago de la deuda (cuestión que nadie discute, incluyendo a Claudio Lozano y Pino Solanas, que hacen literatura de ficción); y tiene que ver con el ajuste fiscal (ahora o en el 2011) que la derecha impulsa, contra toda lógica económica, a favor de toda lógica de sus propios intereses, y con los DNU como herramienta de gobernabilidad de un gobierno con minoría parlamentaria (el de Cobos, por ejemplo).

La Justicia (incluyendo a la Corte) tampoco la tiene fácil (Sarmiento ya está pidiendo que le tiren un cable los poderes políticos para salir de donde se metió, por eso gana tiempo) en algún punto de la cadena (quizás en la Cámara Contencioso Administrativa, habrá que ver) alguien va a retomar la doctrina Greco (el camarista recusado por Gregorio Badeni, que luego se excusó), o sea los DNU (al menos los de las características del que creó el Fondo del Bicentenario, que no afectan directamente un derecho subjetivo de los ciudadanos, o una garantía individual o colectiva constitucional) no son justiciables, deben ser evaluados por los poderes políticos electivos (Presidente y Congreso) de acuerdo a la Constitución y a la ley 26122.

En cierto modo ya lo dice la Cámara Contenciosa al resolver la recusación de Badeni contra Greco (que escribió libros y artículos sosteniendo esa postura que dije en el párrafo anterior), y rechazándola porque eso no constituye prejuzgamiento como para apartarlo de la causa, pero el tipo se excusó para dejarle un argumento menos a Gregorio el fiestero, y de paso sacarse un quilombo de encima, pero los camaristas no descartaron la teoría Greco ni mucho menos.

Los jueces (poder con mañas si los hay) ganan tiempo esperando que la cosa decante en el plano político, con el embargo de Griesa, la salida de Redrado, ver si hay o no extraordinarias, ver como van las encuestas (un gobierno al que convenga acosar judicialmente hoy, puede ser uno que te promueva o te acuse en el Consejo de la Magistratura mañana y todas las viceversas que se les ocurran) y si se pueden sacar el quilombo de encima diciendo que la cosa devino abstracta, o que está discutiéndose en el Congreso, o que no es justiciable; si dicen lo contrario se ganan un quilombo a futuro cada vez que un gobierno dicte un DNU, al menos de éstas características.

Por lo menos así lo veo yo, diría Guillermo Nimo