Ay, Chile, ay

A través de un mail que nos envía el hombre clave de las relaciones exteriores argentinas -Lino Barañao- nos enteramos de la persecusión judicial, política y violatoria de los tratados internacionales de Derechos Humanos, al periodista y activista mapuche Pascual Pichún Collonao. Esta persecusión sistemática -emprendida por el gobierno de centroderecha de la Concertaión y continuada con el actual gobierno de derecha- llega al colmo de aplicar una ley de Pinochet denominada, cínicamente, como Ley Antiterrorista. En Chile, a diferencia de la argentina, muy pero muy lejos están de considerar a los pueblos originarios ya no con acceso y derecho a la tierra, sino siquiera como seres humanos. Una verguenza, espantosa, en serio.



Por Comision Pascual Libre Argentina - pascuallibrearg@gmail.com

Pascual Pichún Collonao es comunicador mapuche, tiene 27 años, es alumno de la Facultad de Periodismo de la UNLP, Argentina y se encontraba en el país desde 2005, tras haber obtenido por parte de las autoridades argentinas la residencia transitoria. Es alumno de cuarto año, es colaborador ad-honorem en la Secretaría de Derechos Humanos de esta unidad académica, e integra distintos proyectos de extensión de la UNLP. Como comunicador participa de varios espacios de comunicación en defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Fue detenido el 26 febrero del corriente año por personal de inteligencia de Carabineros en Temuco, Chile, está preso en la cárcel de Traiguén, junto a otros presos políticos mapuces.

Chile tiene en vigencia la Ley Antiterrorista que impuso Pinochet, lamentablemente esta ley hoy se aplica en los conflictos políticos y es considerada por los organismos de Derechos Humanos como una herramienta de persecución y represión que ha elevado a más de 70 el número de detenidos mapuces. Esta ley viola la garantía al Debido Proceso, y permite que sean los Tribunales militares quienes juzguen a civiles, testigos “sin rostro”, lo cual viola abiertamente la independencia e imparcialidad, requeridas por los tratados de derechos humanos ratificados por Chile, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica. A la vez que desconoce otros instrumentos jurídicos que amparan los derechos de los Pueblos Originarios en el ámbito internacional como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de la Comisión de DDHH de la ONU sobre los pueblos indígenas, instó al gobierno chileno a no utilizar cargos tomados de otros contextos, como el terrorismo, "a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas".

Pascual es considerado prófugo de la Justicia chilena desde 2003, cuando fue condenado a cinco años y un día de prisión, conjuntamente con su hermano Rafael. En esas circunstancias, fue procesado en un juicio claramente irregular, como autor de un atentado incendiario cometido a un camión maderero en el año 2002 en las cercanías del pueblo donde vive junto a su familia.

Paralelamente, incluso, al padre de Pascual se lo condenó con la Ley Antiterrorista que impone penas tres veces superiores para delitos comunes. En la actualidad, las comunidades mapuces denuncian que esta ley es usada exclusivamente para causas relacionadas con la movilización del pueblo mapuce en Chile, e identifican el caso de la familia Pichún como uno de los ejemplos más emblemáticos de persecución judicial y política por parte del Estado Chileno.