A través de un mail que nos envía el hombre clave de las relaciones exteriores argentinas -Lino Barañao- nos enteramos de la persecusión judicial, política y violatoria de los tratados internacionales de Derechos Humanos, al periodista y activista mapuche Pascual Pichún Collonao. Esta persecusión sistemática -emprendida por el gobierno de centroderecha de la Concertaión y continuada con el actual gobierno de derecha- llega al colmo de aplicar una ley de Pinochet denominada, cínicamente, como Ley Antiterrorista. En Chile, a diferencia de la argentina, muy pero muy lejos están de considerar a los pueblos originarios ya no con acceso y derecho a la tierra, sino siquiera como seres humanos. Una verguenza, espantosa, en serio.
Por Comision Pascual Libre Argentina -
pascuallibrearg@gmail.com
Pascual Pichún Collonao es comunicador
mapuche, tiene 27 años, es alumno de la
Facultad de Periodismo
de la
UNLP, Argentina y se encontraba en el país desde 2005,
tras haber obtenido por parte de las autoridades argentinas la
residencia transitoria. Es alumno de cuarto año, es colaborador
ad-honorem en la
Secretaría de Derechos Humanos de esta unidad
académica, e integra distintos proyectos de extensión de la
UNLP.
Como comunicador participa de varios espacios de comunicación en
defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Fue detenido el 26 febrero del corriente año por personal de
inteligencia de Carabineros en Temuco, Chile, está preso en la cárcel
de Traiguén, junto a otros presos políticos mapuces.
Chile tiene en vigencia la
Ley Antiterrorista que impuso
Pinochet,
lamentablemente esta ley hoy se aplica en los conflictos políticos y es
considerada por los organismos de Derechos Humanos como una herramienta
de persecución y represión que ha elevado a más de 70 el número de
detenidos mapuces. Esta ley viola la garantía al
Debido Proceso,
y permite que sean los Tribunales militares quienes juzguen a civiles,
testigos “sin rostro”, lo cual viola abiertamente la independencia e
imparcialidad, requeridas por los tratados de derechos humanos
ratificados por Chile, entre ellos el
Pacto de San José de Costa
Rica. A la vez que desconoce otros instrumentos jurídicos que
amparan los derechos de los Pueblos Originarios en el ámbito
internacional como el
Convenio 169 de la
OIT, la
Declaración
de
la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Rodolfo Stavenhagen,
Relator
Especial de la Comisión de DDHH de la ONU sobre los pueblos
indígenas, instó al gobierno chileno a no utilizar cargos tomados de
otros contextos, como el terrorismo, "a hechos relacionados con la
lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas".
Pascual es considerado prófugo de la
Justicia chilena desde 2003, cuando fue condenado a cinco años y un día
de prisión, conjuntamente con su hermano
Rafael. En esas
circunstancias, fue procesado en un juicio claramente irregular, como
autor de un atentado incendiario cometido a un camión maderero en el
año 2002 en las cercanías del pueblo donde vive junto a su familia.
Paralelamente, incluso, al padre de Pascual se lo condenó con la
Ley
Antiterrorista que impone penas tres veces superiores para delitos
comunes. En la actualidad, las comunidades mapuces denuncian que esta
ley es usada exclusivamente para causas relacionadas con la
movilización del pueblo mapuce en Chile, e identifican el caso de la
familia
Pichún como uno de los ejemplos más emblemáticos de
persecución judicial y política por parte del Estado Chileno.
