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Una de las principales banderas políticas con que el Frente Progresista Cívico y Social encaró en la provincia la campaña electoral del 2007 (a tono con la oposición al kirchnerismo en el orden nacional) fue la de recuperar la calidad institucional.

Es decir que se decía que era un objetivo central a cumplir (en caso de llegar al gobierno) garantizar el normal funcionamiento de las instituciones de la república, heridas de muerte por el “decisionismo peronista”, la “concentración hegemónica y autoritaria de poder en el Ejecutivo”, (en el caso particular de Santa Fe) “la existencia de una justicia adicta al poder político y manipulada por él” y “la inexistencia de los controles republicanos”.

Transcurrido más de un año y medio de gestión, es bueno hacer un balance de la administración encabezada por Hermes Binner desde este punto de vista, tan caro a sus propios postulados como a los de los diferentes partidos que conforman la coalición de gobierno, entendiendo lo institucional en un sentido amplio y no solo limitado a la relación entre los poderes del Estado.

Se reseñan seguidamente algunos hechos destacables:

1. En campaña electoral, el entonces candidato y hoy gobernador señaló públicamente que en el caso de acceder al gobierno haría lo mismo que en su momento hizo el ex presidente Kirchner con los miembros de la Corte Suprema de Justicia nacional engendrada por el menemismo, con su similar de la provincia.

Asumido el gobierno y a los pocos días de gestión, se dictó el Decreto Nº 18/07 por el cual se estableció un procedimiento de selección de los candidatos a ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia como miembros de la misma, y el Procurador General, haciendo mención en sus considerandos a que el Decreto Nº 222/03 dictado por Kirchner era “un valioso antecedente en la materia” (en rigor fue absolutamente copiado por el decreto provincial).

Lo que sucedió, a la inversa de lo ocurrido en el orden nacional, es que tan loable procedimiento de autolimitación de facultades del gobernador de la provincia no ha tenido todavía ocasión de ponerse en práctica porque las últimas vacantes que se produjeron en el tribunal y en la Procuración fueron cubiertas por Obeid poco antes de dejar el cargo.

El actual gobierno no ha promovido absolutamente ninguna actuación ante el Poder Legislativo (tampoco lo han hecho los legisladores oficialistas) tendiente a instaurar el juicio político contra los miembros de la Corte para provocar su desplazamiento (como sí hizo Kirchner con la mayoría automática del menemismo), no obstante las serias acusaciones que pesan en contra de varios de ellos (muchas hechas por el hoy oficialismo en tiempos electorales), e incluso sus lazos de parentesco y vinculación profesional (en algunos casos) con un ex gobernador de la provincia.

Esta carencia de decisión política para avanzar en una renovación en serio del Poder Judicial permite abrir interrogantes sobre el verdadero fin del mecanismo de autolimitación establecido, si es un avance institucional o una mera estrategia publicitaria.