Binner 2

2. También el gobierno impulsó (con gran despliegue mediático) el “relanzamiento” del Consejo de la Magistratura, que funcionaba en la provincia desde 1990. Mediante los Decretos nros. 164/07, 1121/08 y complementarios se modificaron las normas que regulan su funcionamiento, presuntamente tendiendo a garantizar una mayor transparencia y ecuanimidad en el proceso de designación de los jueces. Pese a ese propósito, el nuevo procedimiento ha merecido severas críticas en su implementación, en cuanto a que ha complejizado el proceso de selección (al punto que concluyó un solo concurso en el primer un año de gestión), ha aumentado la preponderancia de las instancias académicas (Universidades del Litoral y Rosario) en desmedro de la representación profesional y del propio Poder Judicial (lo que tiñe al procedimiento de sospechas de parcialidad política, que los escasos casos realizados hasta aquí de concursos no hacen más que confirmar), y se ha aumentado la discrecionalidad de los organismos evaluadores en la elección de los temas y en la valoración de las pruebas de oposición (con un mecanismo de recursos limitado en tiempo y en contenidos). El grado de cuestionamiento al sistema es tal que han existido casos de pronunciamientos de la propia justicia (concretamente la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Santa Fe) que le han ordenado al gobierno suspender el trámite de un concurso, que involucraba como aspirante a una funcionaria política del propio gabinete de Binner. Este mecanismo ha llevado a que el primer caso en que se concluyó un concurso para cubrir vacantes con el nuevo régimen (un camarista del fuero civil y comercial en Venado Tuerto) terminó en un rotundo fracaso porque, en primer lugar, los dos primeros de la terna renunciaron o fueron excluidos, se propuso el pliego del tercero del orden de méritos (cuyos antecedentes fueron juzgados insuficientes para ocupar el cargo por al menos un miembro del jurado, que aconsejó se declarara desierto el concurso), y este pliego quedó aprobado en forma ficta. Y esto fue así porque se convocaron dos Asambleas Legislativas sucesivas con el único objeto de tratarlo, y ambas fracasaron por falta de quórum como consecuencia de la no concurrencia de los legisladores oficialistas, sabedores de que la oposición rechazaría el pliego. Para mayor bochorno institucional la vicegobernadora de la provincia (que preside las Asambleas y las convoca en todos los casos) tampoco concurrió a la sesión, no obstante que su presencia no se computa en el quórum y solo vota en caso de empate, trastocando su rol institucional en una pieza del juego político-partidario de la coalición de gobierno. Para peor aun, el gobierno de Binner adoptó por el Decreto Nº 297/09 un nuevo esquema para la designación de jueces subrogantes, por el cual se vale de los mismos órdenes de mérito elaborados por el Consejo de la Magistratura conforme al cuestionado procedimiento, por lo que las subrogancias de juzgados terminan siendo una especie de premio consuelo para los candidatos vinculados al oficialismo que no son propuestos como jueces titulares.