El gobierno argentino es presidencialista no parlamentario

Grandes Descubrimientos, titula Raúl Degrossi este razonamiento:

Después del 28 de junio, la oposición descubrió que el sistema de gobierno argentino es presidencialista y no parlamentario, como muchos de ellos pensaban.
Descubrieron también que eso implica que la Presidencia de la República dura cuatro años en su cargo, y no debe renunciar por perder una elección de legisladores para renovar parte del Congreso.
Los opositores se enteraron entonces que, como consecuencia de eso, Cristina Kirchner pretendía ejercer las atribuciones que la otorga la Constitución para gobernar, hasta el 10 de diciembre del 2011.

Profundizando sus investigaciones, descubrieron que de los legisladores que estaban en funciones, la mitad de los Diputados continuaba hasta el 2011 y la otra mitad terminaba sus mandatos recién en diciembre, pero muchos de ellos renovaban sus bancas por otros cuatro años.

Descubrieron luego que solo un tercio de los senadores se renovaba a fin de año, y de los otros dos tercios, un tercio permanecía en sus bancas hasta el 2011 y el otro, hasta el 2013, o sea más allá del mandato de la actual Presidenta.

En el transcurso de los meses posteriores a las elecciones y al tratarse diferentes temas en el Congreso como la prórroga de la delegación de facultades al Ejecutivo, la ley de medios y el Presupuesto, descubrieron que el vicepresidente de la Nación no integra el Senado, y solo vota en caso de empate.

También descubrieron que, si la Presidenta se ausentaba y el vice debía reemplazarla interinamente a cargo del Ejecutivo, no podía mientras tanto participar de la discusión de ningún proyecto en el Senado, como tampoco podía hacerlo cuando estuviera radicado en la Cámara de Diputados.
Descubrieron además que la Constitución no establece ningún plazo para que una Cámara remita un proyecto a la otra, después de haberle dado media sanción, ni hay que esperar ningún plazo especial para que la Cámara que la da la sanción definitiva, lo envíe al Poder Ejecutivo para ser promulgado o vetado.
Siguieron con sus averiguaciones, y entonces descubrieron que los legisladores electos en junio recién asumían en diciembre, pero para entonces el Congreso entra en receso hasta el 1 de marzo del año que viene, salvo que el Poder Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias.
Sin reponerse aún de la sorpresa de ese último hallazgo, advirtieron que entre diciembre de este año y marzo del año que viene, el Congreso no puede obligar al Poder Ejecutivo a convocar a sesiones extraordinarias, y si la Presidenta decide hacerlo por su cuenta, el Congreso sólo puede avocarse a tratar los temas que ella proponga, es decir que los legisladores no pueden presentar proyectos hasta después del 1 de marzo de 2010.
Luego hicieron otro sorprendente descubrimiento: si después de diciembre lograban imponer una ley haciendo valer su supuesta nueva mayoría, la Presidenta podría vetarla, en base a un artículo oculto.
Según supieron después, esa misma norma planeada por el montonero Alberdi -seguramente para favorecer los oscuros designios de Kirchner- obliga al Congreso a conseguir los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara, para insistir con la ley y rechazar el veto presidencial.
Este descubrimiento los llevó a otro: aun con el recambio de legisladores de diciembre y suponiendo que la oposición actuase como una sola fuerza, no conseguirían ni por asomo esos dos tercios.
Con expresión marcada por el asombro que les causó la magnitud del nuevo descubrimiento, dijeron entonces: “ah, por eso -entre otras cosas- dicen que el sistema es presidencialista”.
Lejos de rendirse, continuaron investigando y entonces hicieron otro hallazgo: “la oposición” no es un partido político, ni un bloque, ni actúa como tal, ni así la trata la Constitución.
Mas aun, los debates de las facultades delegadas, la ley de medios y el Presupuesto les dejaron en claro que algunos opositores, llegado el caso, votaban con el gobierno si coincidían con sus proyectos.
Descubrieron entonces que existía algo llamado “pueblo”, que en las elecciones presidenciales del 2007 ellos creyeron que era de “legitimidad segmentada”, y que suponían antes de las legislativas de junio de este año, sería reemplazado por algo llamado “fraude”, y en ambos casos contaminado por otra cosa llamada “clientelismo”.
Junto con este “pueblo” purificado en el Jordán republicano del 28 de junio, descubrieron que la Constitución tiene un artículo 40, que permite consultarlo sobre determinados proyectos de ley impulsados por el Congreso.
También descubrieron que esos proyectos no podrían ser vetados por el Poder Ejecutivo, porque el artículo fue incorporado para sortear la trampa del montonero Alberdi.
Su entusiasmo se frenó cuando descubrieron que no bastaba el artículo 40, sino que el Congreso -de acuerdo a ese mismo artículo- debía dictar una ley reglamentando las materias, procedimiento y oportunidad de la consulta popular.
Descubrieron entonces que esa ley estaba dictada en el 2001, y que imponía límites a determinados temas para ser tratados por el procedimiento de la consulta popular.
Sin arredrarse por eso, empezaron a desarrollar largas listas de asuntos a someter al pueblo soberano para que, con su pronunciamiento, se desmontaran todas las leyes inicuas sancionadas por el kirchnerismo.
“Consejo de la Magistratura”, dijo alguien, “Coparticipación federal” agregó otro, “no se olviden de los decretos de necesidad y urgencia” acotaba un tercero.
Con amargura, descubrieron que la ley reglamentaria de la consulta popular dejaba afuera del mecanismo los temas para los que la Constitución establece un procedimiento especial, sea indicando una determinada Cámara de origen, sea exigiendo una mayoría calificada para aprobarlos.
Para su sorpresa, descubrieron que, de acuerdo a la Constitución, la ley de coparticipación federal de impuestos sólo puede tener origen en el Senado, con lo cual no puede ser materia de consulta.
Próximos al desaliento, descubrieron que las leyes que reglamentan el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y el tratamiento por el Congreso de los decretos de necesidad y urgencia, de acuerdo con la Constitución, deben ser sancionadas con la mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara, con lo cual tampoco pueden ser sometidas a consulta popular.
“No importa” -se animaron-, “nos quedan otros temas como la ley de medios K y los superpoderes”.
Descubrieron entonces que la ley que reglamenta la consulta popular, en aquellos temas en que el mecanismo está permitido, exige que se sometan a la ciudadanía proyectos íntegramente desarrollados, y formulando preguntas concretas sobre ellos, que solo pueden ser contestados por sí o por no.
Este nuevo descubrimiento aumentó su desazón: en los últimos años, “la oposición” así autodenominada, no pudo consensuar un proyecto único y concreto, ni siquiera en aquellos temas de interés común a todas sus fracciones, como las retenciones, los superpoderes o la ley de medios.
Descubrieron también que no sabían a ciencia cierta lo que significaba la palabra “sí”, y que para que la ley sometida a consulta pueda promulgarse, debe obtener la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, sin que se puedan computar los votos en blanco.
También descubrieron que la consulta no tenía validez si no concurría al menos el 35 % del padrón de electores habilitados para votar, y que los puntos sometidos a consulta del electorado debían ser difundidos por todos los medios de comunicación en forma clara y objetiva.
Estos hallazgos los llevaron a otro: su prédica anti-política y sus constantes denuncias de fraude antes de cada elección, podrían llevar a la apatía ciudadana y a mermar la concurrencia de electores, con riesgo de afectar la validez de la elección.
Advirtieron además que no podrían apelar a simplificaciones como “ley de medios k”, “superpoderes” o cosas por el estilo para explicar a la ciudadanía que votaría en la consulta.
Descubrieron también que algunas leyes que pensaban derogar -como la ley de medios- fueron votadas por una amplía mayoría de ambas Cámaras del Congreso, mayoría que no cambiaría ni siquiera con la renovación de la mitad de Diputados y un tercio del Senado, a partir de diciembre.
También se percataron de que, aun sorteando esos escollos, si una ley sometida a consulta al electorado fuese rechazada por el voto popular, no podría volver a plantearse hasta pasados dos años desde la votación, ni introducirse como proyecto común en el Congreso por todo ese período.
Entonces alguien les aportó un nuevo descubrimiento: para entonces el mandato de Cristina habría concluido, porque parece -les dijeron- que se extiende hasta diciembre del 2011.
Siempre investigando sin descanso, los opositores estarían a punto de descubrir que muchas de las cláusulas constitucionales que fueron descubriendo en estos meses datan de 1853, y otras de la reforma de 1994.
Sería inminente además el descubrimiento por parte de las diferentes variantes del pan-radicalismo (desde Carrió a Cobos, pasando por Gerardo Morales) que la mayoría de esas cláusulas fueron agregadas a partir del Pacto de Olivos por Alfonsín, a quien santificaron a partir de su muerte.

Acusan a los kirchneristas de violar la Constitución, pero al menos parece que la han leído.
Los opositores dicen defenderla, pero la tratan peor: la desconocen.