Política judicial y Clarín

Por Raúl Degrossi



Política judicial para dejarle a Clarín la chance de acomodar la tapa, con esto, dado que se vería forzado a publicar esto otro!





En el mismo acuerdo que trató el recurso extraordinario del Procurador del Tesoro (en representación del Estado nacional) contra el fallo de la jueza mendocina que hizo lugar a la cautelar del diputado Thomas contra la ley de medios, resolvió dictar un fallo sobre los límites impuestos al Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia.



Haciendo un delicado equilibrio, resolvió a favor de los intereses del gobierno lo primero, y puso límites (por lo que se conoce, casi de perogrullo) en lo segundo, tomando como ejemplo un caso que reunía todos los requisitos para ser "políticamente correcto": el DNU analizado es del año 2002 (del republicano consensual Duhalde), por ende anterior a la Ley 26122 (2006) que reglamenta en la actualidad el trámite de los DNU, y no corresponde ni a la actual presidenta ni a su antecesor; y que además no refleja una puja intra-poderes políticos (como los del uso de las resevas), sino que afectaba derechos subjetivos de los ciudadanos.



En ese contexto, toda referencia que el fallo haga a la viabilidad del control judicial de un DNU es irreprochable, por lo demás, les hubiera costado mucho trabajo (aunque hubieran querido) encontrar un DNU de Cristina o Néstor con esas características: cercenando o vulnerando derechos subjetivos de algúin ciudadano o grupo de ciudadanos, lo cual debe anotarse en el haber del kirchnerismo.



Con la salvedad de no tener a la vista el fallo, pareciera que no va más allá de brindar un standard jurídico general, que podrá ser usado como argumento por quienes se opongan (dentro de la Comisión Bicameral Permanente de la Ley 26122) a algún DNU que haya dictado o dicte la presidencia (lástima que no lo dictaron antes para que el senador Sanz lo utilizase para fundamentar su voto en contra del DNU 1602/09 que instauró la Asignación Universal), que dependerá de cada caso concreto en que se expida y (obviamente) de la relación de fuerzas existente en el Congreso (nada nuevo bajo el sol).



En relación a lo segundo (resolución sobre el caso de la suspensión de la ley de medios), es un pequeño-gran paso a favor de la vigencia de la ley, por lo siguiente:



Acepta tratar el recurso extraordinario interpuesto por el gobierno pese a tratarse (la de la justicia mendocina) de una resolución recaída sobre una medida cautelar, y no una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión (si la ley es o no constitucional), admitiendo el argumento de la Procuración del Tesoro de la "gravedad institucional" (una ley sancionada por amplísima mayoría de ambas Cámaras, suspendida por una jueza incompetente, a pedido de un diputado que perdió la votación). Claro que mientras tanto se pronuncie la Corte, la ley seguirá suspendida.



De este modo la Corte va prefigurando un criterio sobre el uso abusivo de las cautelares contra decisiones no ya del Poder Ejecutivo, sino del mismísimo Congreso en este caso, pero que según sea el criterio que fije al resolver luego del dictamen del Procurador General Righi (no confundir con el del Tesoro, Joaquín Da Rocha, que vendría a ser el "abogado" del Poder Ejecutivo), puede aplicarse a otros casos de cautelares, como por ejemplo la interpuesta por el propio Grupo Clarín, fallada favorablemente el viernes por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital (centrada en el artículo 161, o cláusula de desinversión), y que seguramente dará lugar a otro recurso extraordinario por parte del Poder Ejecutivo.



PD: un mal día para Magnetto, hoy la Cámara de Casación les denegó a los hijos de Ernestina el acceso a la Corte por el tema ADN, por lo cual la jueza federal de San Martín que quedó a cargo de la causa en la justicia federal de Sabn Martín está en condiciones de mandar a hacer los análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos, como marca la ley.