El diseño presidencialista de la Constitución -trazado en el 1853, pero que ha sobrevivido a las reformas democráticas como las del 49 y el 94 y las autoritarias de la revolución libertadora- es matizado por el federalismo, que no se expresa sólo en el congreso nacional, sino fundamentalmente en las autonomías relativas de las provincias.
Pero el presidencialismo tiene como horizonte el federalismo, no, como dice la actual vulgata de moda, la restricción del federalismo.
Es que la clave del desarrollo político e institucional del país reside en el puerto. Es para subordinar al puerto que se depositó poder en el esquema presidencial.
Las retenciones a las exportaciones, o un esquema como el IAPI de Perón, son funcionales al correcto funcionamiento federal.
La derecha, sustentada en una alianza entre intereses portuarios y oligarquías provinciales, se ha apropiado de estos conceptos, ha dado vuelta la historia, y los ha resignificado.
Suponer que la sobrerrepresentación en el congreso, y el rol del senado, fueron pensados bajo, única y hegemónicamente, la inspiración de la división de poderes, es un error. Fueron pensados para compensar la distribución de poder que resulta de la derrota de los caudillos federales, pero en un contexto de un estado nacional extremadamente débil.
El 9 de julio de 1816, la declaración de independencia, se reparte tanto en idioma castellano como en dos idiomas aborígenes: la conciencia iluminista de legislar relativamente por encima de las mayorías que habitaban este territorio estuvo en la conciencia de los delegados al congreso de Tucumán. Vale esta situación, como metáfora en la construcción de un estado nacional: aún derrotados los caudillos federales, el estado liberal oligárquico no tenía fuerza para imponer capacidades estatales de las que, estructuralmente, carecía.
Ciertamente, es la generación del 80 la que recoge el legado -temerosa de la inmigración que fomentó, y de los indígenas que exterminó- de construir un estado nacional.
La resultante es una combinación de fuerte peso federal, presidencialismo y construcción de una identidad nacional.
¿Puede el federalismo ser armonioso? No. Perdería su esencia. ¿Puede ser intrínsecamente inestable, capaz de caminar al borde de la cornisa? Tampoco. Las distintas tensiones que lo cruzan (industrialismo versus primitivismo, oligarquías provinciales versus capitales portuarios, trasnacionalización versus mercado interno, nacionalidad versus cosmopolitismo, etc: siempre, claro está, más en los grises que en los blancos y negros) le han dado, durante períodos democráticos, una estabilidad bastante razonable al sistema institucional. En ningún lado está escrito que este sistema no funcione: por el contrario, ha demostrado que puede procesar conflictos de larga data, siempre y cuando no esté presente la bota militar para arbitrar.
Históricamente, las demandas de payasos como Alfredo De Angelli -"Entre Ríos aporta equis guita, debe recibir igual cantidad" (los números que muestra son todos berretas y falaces)- fueron las que esgrimieron los unitarios y el pensamiento portuario: jamás la de los federales. Justamente, un federalismo sustentable se basa en la sobrerrepresentación económica y política de la mayoría de las provincias.
Es este pensamiento, equivocado, hoy día hegemónico el que sustenta la mayoría de los análisis políticos. Y de ahí, una cantidad lamentable de zonceras: por caso, la suposición que la ciudad de Buenos Aires es "progresista" contra las provincias del "interior" que son atrasadas y conservadoras.
Las cosas no fueron ni son así.
Lo que sucede es otra cosa: el federalismo institucional, donde la presidencia acumula recursos de orígen, principalmente, pampeanos, para repartir entre todas las provincias -a cambio, muchas veces, de apoyos legislativos- opera como un desincentivo para una industrializaciónd e carácter integral.
A las viejas hipótesis militares de conflicto con países vecinos, que desindustrializaron concientemente regiones enteras, se suman problemas estructurales y ecológicos de larga data.
Pero, esencialmente, no hay incentivos para la industrialización en el país en un conglomerado importante de sectores sociales: oligarquías primarias de la pampa húmeda, oligarquías precarias del resto del país, y la ciduad de Buenos Aires que recibe los beneficios de tener la salida de las exportaciones primarias.
El problema es que pueden diseñar, nuestra derecha real, un país para muy pocos. En un imaginario que no logra adaptarse tras la salida de la noche oscura del trípode del milico, el gaucho y el cura: las vacas, el obispo y el dictador.
La idnustrialización,afincada en el gran Buenos Aires y con manod e obra de migrantes internos, se dio a partir de procesos forzados a partir de situaciones mundiales -como la crisis del 30, y las guerras mundiales- que impactaron fuertementa en nuestra eocnomía trasnacionalizada.
A esto, Perón lo reconfiguró -profundizando lo que tímidamente intentó Irigoyen- potenciándolo como actor político, en una alianza social que cobijó a sectores medios, empresarios (principalmente industriales) interesados en el mercado interno y los obreros organizados.
¿Cuánto sobrevive de esos dos campos en disputa? A mi juicio, aunque con fronteras borrosas, mucho sobrevive.
El institucionalismo educado (e hipócrita, convengamos) que promueve la vulgata de derecha, es impracticable: deja afuera a la mayoría de las provincias realmente existentes. ¿O se pretende que los radicales santiagueños rompan su alianza con el gobierno federal? Pues bien: ¿cómo pagan entonces los salarios de lo que otrora fue una estructura educativa, amplia y accesible, diseñada y financiada por el gobierno nacional? Supongamos que se traspasase a la nación nuevamente la educación y los hospitales -actualmente, sólo financia una parte importante de esos servicios a los porteños el estado federal-: ¿debería el gobernador saltar de alegría, porque pierde poder a cambio de no tener un bache fiscal estructural? No tiene mayor sentido.
¿Y cómo puede resolverse esta situación? Básicamente, con desarrollo económico, lo que implica la transformación de los recursos naturales en un proyecto industrial.
Como, por caso, intenta San Juan con la minería.
Ahora bien, para este proceso de desarrollo integral, no hay actualmente incentivos fuertes. Sí, algunas medidas: las exenciones impositivas para la industria, la reconversión de deudas provinciales, el avance del estado federal en obras de infraestructura. Faltan otras: una política crediticia (no hay que cambiar para esto ninguna ley: basta con poner funcionarios más comprometidos en el Central y en el Nación) y sobretodo, una inversión estatal, que reemplace la ausencia de una burguesía provincial con un proyecto nacional. Enarsa, por caso, ha cumplido esta tarea invirtiendo en empresas reestatizadas de energía y en proyectos de desarrollo petrolero. fabricaciones Militares, es otro ejemplo.
Pero, falta mayor audacia.
Orientar el Inta, el Conicet, la UTN, las escuelas técnicas, las universidades democráticas y públicas, en esta dirección. Se ha avanzado: recientemente, tra sla histórica oposición del radicalismo y el socialismo, se creó una universidad en el norte santafesino. El Inta y la subsecretaría de agricultura familiar tienen este horizonte, la política en escuelas técnicas, también.
Pero, falta audacia.
Ahora, el incorrecto enfoque de nuestros institucionalistas de pacotilla, nuestros republicanos televisivos, no sólo no ayuda en nada, tira para el otro lado.
He dicho.
(Mierda que me puse serio, eh.)
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