Uno de los debates que se vienen.
Mi amigo Mariano Kohan me envía este material elaborado por cuadros técnicos del Credicoop, que iremos publicando por entregas:
La dictadura militar que tomó el poder en 1976 instauró -como parte de un proceso mundial de imposición del modelo neoliberal- un conjunto de políticas públicas que tenían como fundamento la promoción de una concepción del mundo individualista y competitiva, promotora de la concentración económica y la desigualdad social, cultural, económica y política. Todo ello acompañado de un autoritarismo y una violencia inéditos en nuestro país, cuyos costos fueron muy elevados para las mayorías sociales en términos de redistribución regresiva del ingreso, falta de empleo, precarización de las condiciones de trabajo y deterioro de la salud y la educación pública.
En 2001 se registró en Argentina una crisis orgánica que expresó un límite histórico para ese modelo neoliberal-conservador, como parte de un proceso que en Nuestra América se extendió por gran parte de los países instalando un nuevo escenario que se propone superar las herencias del neoliberal-conservadurismo. Esta disposición regional se puso de manifiesto en las nuevas relaciones que se establecieron entre nuestros países, y en la emergencia de iniciativas que -como el UNASUR o el ALBA- dan cuenta de un nuevo momento en la construcción de un proyecto de autonomía regional y de inéditos procesos de integración entre nuestros pueblos y gobiernos.
El año 2003 marcó en nuestro país un punto de inflexión en relación a las políticas previas. Un cambio sustantivo en las relaciones internacionales, en las asignaturas pendientes sobre el genocidio de los años setenta, en el modelo económico-social y productivo, en el conjunto de políticas sociales, que marcan un escenario claramente distinto al preexistente. Estas transformaciones se fueron dando de manera “molecular” (no simultáneamente en todas las esferas de la política pública), generando procesos complejos y atravesados de contradicciones y aprendizajes.
Una asignatura pendientes de nuestros gobiernos constitucionales es el reemplazo de las supervivencias legales de las dictaduras militares. La existencia de 1.500 normas sancionadas en las dictaduras de 1966 y 1976 aún hoy vigentes, dan cuenta de una fuerte tarea institucional por delante.
Si la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue una clara manifestación de la voluntad transformadora de la política comunicacional del gobierno, la aún vigente Ley de Entidades Financiera -sancionada en la dictadura de Videla y Martínez de Hoz- debe ser reemplazada por un instrumento legal que contribuya a la construcción de un modelo económico-social, político y cultural que profundice la democratización de la riqueza y también de la participación.
La exigencia de una nuevo sistema financiero –que conciba a la actividad como un servicio público al servicio de un proyecto igualitario- constituye el foco principal de este escrito.
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