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Joaquín Morales Solá | Ver perfil

El análisis

El fruto de la arbitrariedad

Joaquín Morales Solá
LA NACION

Miércoles 01 de junio de 2011 | Publicado en edición impresa

Los problemas eran inevitables desde que aparecieron organizaciones de derechos humanos convertidas en contratistas del Estado. Tales presagios se hicieron certezas cuando se supo queSergio Schoklender, un hombre sin antecedentes en ese mundo, disponía de los recursos que el Estado enviaba a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Schoklender, que tiene debilidad por los gustos caros, no fue designado por el conjunto de las Madres, sino por el autoritario capricho de Hebe de Bonafini, que lo adoptó como un hijo todopoderoso.

¿Las Madres de Plaza de Mayo como contratistas del Estado? La experiencia nacional da cuenta de que los contratistas pertenecen a una estirpe especial de empresarios. Están más dispuestos a hacer política que a correr los riesgos de los empresarios comunes y corrientes. Saben más de las relaciones públicas con los poderosos del momento que de los mecanismos de la competencia. Conocen con precisión qué puerta deben tocar en el Gobierno y a qué funcionario deben llamar en el momento oportuno.

En un primer boceto, algunas organizaciones de derechos humanos se convirtieron en contratistas hechas y derechas. Hubo otras consecuencias. La historia de las Madres de Plaza de Mayo le sirvió al Gobierno, y le sirve, para cubrirse ante la evidente opacidad con que maneja esos fondos que iban a parar a las manos de Schoklender. Nada se sabe todavía del monto total que recibió la Fundación en estos años, ni cómo se controló la ejecución de los planes de viviendas. El propio Schoklender aseguró que no sabe la cantidad de dinero que se transfirió desde el Gobierno a la Fundación, pero afirmó, con la misma convicción, que no es cierta la cifra que se difundió, unos 300 millones de dólares. Si no sabe cuánta plata se giró, ¿cómo sabe que no es cierta esa cifra?

Si el manejo de los recursos es opaco, la manera de gestionar esas construcciones lo es más todavía. En rigor, y hasta lo que se sabe por ahora, la construcción de viviendas no estaba a cargo de desocupados ni de cooperativas de trabajo, sino de una empresa, Meldorek, cuyos dueños son, por lo menos, amigos de Schoklender. Dicho de otra manera, la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo servía como intermediaria para que empresarios privados, los verdaderos contratistas ocultos, se hicieran ricos con los dineros del Estado. Un par de preguntas son inevitables: ¿por qué el Estado delegó esa clase de construcciones de viviendas y por qué se consideró a las Madres de Plaza de Mayo mejores constructores que los constructores?

Respuesta política

La respuesta remite a la política y ésa es otra consecuencia lamentable. Néstor Kirchner consideró en su momento que era una buena estrategia para cooptar la voluntad de Bonafini, que con el tiempo se convirtió en una kirchnerista pura y dura. Otra vez se usaron dineros públicos como propiedad privada; esto es, para satisfacer las necesidades políticas y personales del líder. Bonafini se fue olvidando, en efecto, de que el poder, cualquiera que sea, es el que siempre está en mejores condiciones para lesionar los derechos humanos.

La mejor diferencia con Bonafini la marcó siempre la referente de la otra rama de las Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, quien en los días pasados andaba golpeando las puertas de despachos oficiales para acompañar al cacique Qom Félix Díaz. El cacique lidera una comunidad indígena acosada y maltratada por el gobernador kirchnerista de Formosa, Gildo Insfrán. Es el trabajo que les corresponde a las organizaciones de derechos humanos. Cortiñas sigue trabajando en una modesta oficina.

La coherencia de Cortiñas, y su distancia de cualquier compromiso político o partidario, le permitió siempre contar con más prestigio que Bonafini. Kirchner fue un artesano hurgando en esas fragilidades y en esas tentaciones.

El caso revela también la arbitrariedad del Gobierno, y de la Justicia, para tratar asuntos sospechosos. Desde hace un año, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) tiene en su poder una denuncia de la diputada Elsa Quiroz sobre Sergio Schoklender y supuestas operaciones de lavado de dinero. La presentación de la legisladora, una antigua presa política durante toda la última dictadura, señalaba con precisos detalles la compra de terrenos por varios miles de dólares en un solo día por parte de Schoklender. La UIF se escudó en el secreto de las investigaciones a personas para no difundir nada, pero parece que hasta ahora congeló todo. Tampoco ningún fiscal actuó de oficio.

¿Qué hubiera hecho la UIF y cuántos fiscales se hubieran amontonado para abrir una causa penal si el actual lugar de Schoklender lo ocupara una persona molesta para el oficialismo? ¿Cómo nadie percibió las muchas contradicciones en las que cae en sus declaraciones públicas el ex apoderado de la Fundación de las Madres?

En una misma exposición pública, Schoklender dijo que compró "en cuotitas" una quinta en José C. Paz, pero que tiene dinero como para adquirir una Ferrari o un avión privado. Se manifestó también como un hombre de gustos comunes que practica el esquí, el buceo en profundidad, el paracaidismo y el motociclismo. Schoklender vive en un mundo que no es éste: ninguno de esos deportes es accesible para un hombre común.

La conducción

Debe subrayarse que las dudas y las imputaciones se refieren a Schoklender y que nadie ha puesto bajo sospecha la honestidad de Bonafini. Pero el caso Schoklender es el resultado previsible de un Estado arbitrario y de un sistema de conducción, tanto el de los Kirchner como el de Bonafini, que privilegia los gustos personales del jefe. Esa arbitrariedad es la que explica también que Bonafini le haya dado trabajo en la Fundación que conduce a la ex ministra de Economía Felisa Miceli, que fue despedida del gobierno cuando no pudo explicar la presencia de una bolsa con miles de dólares en su despacho oficial.

Si la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo recibe importantes sumas de dineros aportados por el conjunto de los argentinos, ¿por qué los administradores y apoderados no tienen mejores antecedentes? ¿Por qué, en fin, el Estado kirchnerista que todo lo controla perdió el control en este caso?

Cuando haya pasado el fragor del kirchnerismo, la sociedad argentina necesitará también la reconstrucción de auténticas organizaciones de derechos humanos. Son necesarias para mirar con profundidad el pasado y, sobre todo, para vigilar el presente que manipulan los que mandan.