La carta robada

Los Gendarme y Prefectos sublevados contra la democracia están pagando su desvarío político en el desierto, ese lugar donde no hay capitalización ni representación mínima, por que decidieron quedarse al borde. Y traspasarlo.
El rol de la mayoría de la oposición política, en este caso, es enorme. Han aislado a quienes cruzan la frontera. El triunfo de Chávez, con la escena montada para que los militantes rentados del Partido Clarín, que por solidaridad de aislados, del otro lado de la frontera de lo legal, con el Pistoletazo y con los escrachadores del Cacerolazo, cierra el moño para regalo del estado de derecho. Las cartas están echadas.
Los prefectos -no los de la policía parisiense que en el magistral cuento de Edgar Allan Poe (ni en la versión de Julio Cortázar) se hunden en lo irresoluble y deciden pedir ayuda al detective, inaugurando, ingenuamente, un género literario- no tienen, ni en el duhaldismo, ni en el procesismo de Macri, ni en el radicalismo, es decir, en su estado mayor de la naturaleza, gravitación. El gobierno resolvió, por encima de la resolución de no reprimir la protesta social y meter en cana a los represores de la dictadura, con política, este dilema con política.
Un problema tiene una solución.
Un conflicto tiene un cauce institucional.
Un dilema no tiene solución ni cauce institucional.
Se trata de aprender a convivir, las mayorías democráticas, con el dilema. Hasta que el mero paso del tiempo opere como aprendizaje de las fronteras legales. No queda otra.
Que la política, como arma, ya no de resolución de problemas, ni de encauzamiento del conflicto, sino de aislamiento de los dilemas.
El problema es la Carta Robada. Esa carta guardada que los monopolios que se juegan la vida -se juegan, como en el caso del Grupo Clarín, su razón de ser en tanto monopolio, esto es, se juegan la vida- deben, naturalmente, tener.
¿No era, según los Manuales de Inteligencia, que el gobierno iba a mandar a Gendarmería el #7D para que el Grupo Clarín cumpla la ley? Gendarmería no parece muy dispuesta, precisamente, a hacer cumplir la ley. Más bien, lo contrario: se han constituido en la razón armada de la ilegalidad. Se fuerza, acá, la máquina, hasta lo inverosímil: el gobierno debe, más que puede o quiere, debe, hacer cumplir la ley. No le queda otra. Cumplir la ley o hacerla cumplir no es optativo. Es un imperativo categórico cuya ilusión sostiene el estado de derecho.
Los monopolios, los de AEA -la poderosa Asociación Empresaria Argentina que dirigen Techint, Clarín y la oligarquía sojera- no están acostumbrados a gobiernos como los de los K, que pretenden la igualdad ante la ley. Que hace, pero qué malos son señora, leyes contra los monopolios, contra un monopolio, sin nombre y apellido, dado que los monopolios nunca tienen una verdad, son, por naturaleza, la verdad: son lo contrario a la existencia de verdades múltiples.
El Grupo Clarín debe tener una carta guardada que todos buscan, desesperadamente.
Quizás, como en el relato inaugural de Poe, esté en el lugar, sencillamente, más obvio.