Su Excelencia el Señor Embajador de
D.
Señor/a Embajador/a:
Nos dirigimos a Vuestra Excelencia, y por su intermedio a las autoridades de su país para hacerles conocer nuestra profunda preocupación por la situación imperante en la Argentina y comunicarles que la Mesa Ejecutiva de la Coalición Cívica asume la firme defensa de la regularidad institucional.
La Argentina sufre una inusitada escalada de violencia que tuvo un inicio verbal pero que recientemente ha acentuado aspectos alarmantes de violencia física. Aquella viene siendo incentivada desde hace varios años por una prédica oficial reñida con la convivencia armoniosa básica para la vida democrática ya que potencia los elementos conflictivos existentes y genera nuevos frentes de confrontación donde no los había. Por otra parte los diálogos que tuvieron lugar entre el oficialismo y la oposición no merecen ese nombre, ya que han sido encuentros, ya que han sido encuentros en los que una de las partes, el oficialismo, solamente habló y no escuchó a la otra, convirtiendo el diálogo en una parodia.
A las reiteradas alteraciones al orden institucional, recientemente agravadas por el adelanto inconsulto de las elecciones, la participación de candidatos testimoniales, la financiación irregular de las campañas, la prórroga de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo y el uso abusivo del veto presidencial sobre leyes sancionadas por unanimidad por ambas cámaras, se agrega ahora la manifiesta inconstitucionalidad de leyes propuestas por el Ejecutivo, la violación de los reglamentos parlamentarios en la sanción de normas y el uso de la extorsión económica a gobernadores provinciales, para lograr la cooptación de los votos de los legisladores representantes de esas provincias. Cabe destacar el permanente ataque al periodismo y la legislación que pretende avasallar la libertad de expresión y la pluralidad.
Una simple enumeración de la situación real de los tres poderes del Estado, muestra la degradación de las instituciones en los últimos seis años.
En los hechos se da una situación anómala, dado que quien toma las determinaciones y realmente ejerce el poder, no ha sido elegido para ejercer esas funciones. Esto socava la legitimidad del Ejecutivo que preside nominalmente la Señora Cristina Fernández de Kirchnner. En los hechos se ha instaurado un poder espurio, lo que ha sido puesto de manifiesto por diferentes actores, sin que el Ministerio Público Fiscal haya efectuado las denuncias pertinentes.
La independencia del Poder Judicial se ve severamente comprometida por la acción parcial del Consejo de la Magistratura, cuya mayoría es manejada por el Poder Ejecutivo. Este Consejo se ha convertido en un órgano que premia a magistrados sumisos y castiga a los independientes. El presupuesto del Poder Judicial está manejado por el Poder Ejecutivo.
El Congreso ha sido vaciado de la efectividad de sus funciones por el abuso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), las facultades delegadas, los superpoderes y la adecuación del calendario legislativo a las necesidades del Ejecutivo, con menosprecio a la atención de las urgencias que atraviesan los millones de argentinos que se hallan bajo la línea de la pobreza. Se reiteran los bochornosos casos de cooptación de legisladores que, habiendo sido elegidos para formar parte de la oposición, se han pasado a las filas del oficialismo, en algunos casos antes de asumir sus mandatos, por razones tan obvias como despreciables.
A esto se agrega la inexistencia de libertad sindical, la inseguridad jurídica, la convalidación de violaciones al derecho internacional por parte del Ejecutivo, el intento de acabar con la libertad de expresión mediante un real monopolio sobre los medios y la corrupción generalizada en los negocios públicos.
Además, se dan reiterados casos de espionaje interno sobre opositores, periodistas, ciudadanos y la difusión de informaciones calumniosas contra opositores. El enriquecimiento ilícito de funcionarios, la perturbación del sistema productivo del país en nombre de una supuesta distribución de la riqueza muestran un cuadro de profunda degradación institucional que hiere a fondo el tejido social del país y siembra el desconcierto y la desesperación en la población.
Queremos insistir en este punto: la estrategia intimidatoria, violenta e ilegal adoptada por el oficialismo en su momento de mayor debilidad política no se deriva de su irracionalidad ni su incapacidad de interpretar la realidad que sobrevino a su derrota electoral del 28 de junio pasado. Es, en cambio, la conclusión –perfectamente racional en sus propios términos- de una concepción del mundo y de la política que conduce inevitablemente a dos posibles resultados:
Una concentración todavía mayor de poder en manos del gobierno y la profundización de un régimen aún más abiertamente antidemocrático y violador de las garantías constitucionales y los derechos fundamentales;
o un golpe - o autogolpe- que interrumpa la continuidad institucional y reserve a los Kirchnner el prestigioso rol de refugiados internacionales víctimas de una conspiración contra la democracia.
Para quienes han violado el entero marco institucional y legal de la República para incrementar su poder y su patrimonio privado, corresponde el rigor de la ley impartida por jueces rectos e imparciales.
En circunstancias normales algunos de los hechos notorios que acabamos de describir, correspondería reservarlos al fuero interno, en coherencia con el principio de la “no intervención en los asuntos internos” pero por su gravedad y extensión, trascienden los límites del fuero interno llegando a vulnerar principios y normas de derecho internacional, particularmente los del sistema interamericano.
Por este motivo es que nos dirigimos a los gobiernos de los países amigos para serles patente que se está comprometiendo en la Argentina la vigencia efectiva de la democracia representativa, que es principio esencial de la Organización de los Estados Americanos. La vigencia de la democracia y de los derechos humanos ya no pertenecen sólo al orden interno de los estados, sino que son parte inescindible de la trama normativa del Derecho Internacional Público (Carta de la OEA y Carta Democrática Interamericana, 28º Período Extraordinario de Sesiones, 11 de septiembre de 2001).
Las tristes circunstancias descriptas anteriormente, que han de ser notorias y evidentes a la observación imparcial, son las que determinan que nos dirijamos al Señor/a Embajador/a, pues estimamos que todo ello socava la vigencia de la democracia representativa. Creemos que se hallan seriamente comprometidas las instituciones democráticas y republicanas. La “afecctio societatis”, la unión del sistema interamericano se sustenta en gobiernos constitucionales y en el respeto de los derechos humanos.
El caso extremo reciente de Honduras es prueba de que el sistema no tolera la vulneración de ambos principios.
Por otra parte en el sistema interamericano, está fortaleciéndose la doctrina de que el fraude electoral es tan violatorio de la vigencia efectiva de la democracia representativa como los clásicos golpes de Estado (Comité Jurídico de la OEA. Dictamen Ejercicio Efectivo Democracia Representativa, Anuario 1996).
Queremos transmitir al/a Señor/a Embajador/a nuestra angustiosa descripción de la situación nacional de la que hemos señalado algunos aspectos a lo que se suman las noticias de la formación incontrolada de grupos armados en distintos puntos del país que buscan apoyar sus pedidos y reivindicaciones a la fuerza.
Nuestra adhesión a las instituciones republicanas es absoluta, por eso rechazamos la mera idea que se pueda volver a la época de las interrupciones ilícitas de los mandatos constitucionales.
Quienes sostuvimos la oposición a este gobierno desde los tiempos en que gozaba de popularidad y lo hemos sido por convicción, y no por conveniencia, creemos que la Argentina sólo puede salir de su laberinto si no repite los errores del pasado. La batalla firme y decidida por la legalidad y la vigencia de las garantías constitucionales no puede ser separada de la defensa de la continuidad institucional y el cumplimiento completo del actual mandato presidencial.
Al odio no puede respondérsele con odio a menos que se quiera incrementar sus efectos más dañinos. A la violación de la Constitución, de las leyes y de las normales relaciones cívicas que deberían reinar entre el Gobierno, la oposición y los ciudadanos no puede contestarse con actitudes desestabilizadoras y conspirativas sino con la defensa de las instituciones encargadas por la Constitución Nacional de expresar la voluntad de las mayorías y preservar los derechos de las minorías.
En este momento crucial del país, en el que la cercanía de su bicentenario nos pone en la disyuntiva de rescatar lo mejor de su historia o reproducir sus momentos peores, la oposición tiene una pesada responsabilidad: la de ayudar a la Presidenta, Señora Kirchnner, a terminar su mandato, evitando que se produzcan nuevos episodios de consecuencias destructivas. La ciudadanía con el voto otorga los mandatos para que estos sean ejercidos hasta el cabal cumplimiento de los periodos de gobierno asignados. Olvidarlo ha sido nuestra mayor desgracia nacional en lo últimos ochenta años, no queremos más interrupciones.
Al mismo tiempo, defendemos con la mayor energía los derechos de los ciudadanos argentinos avasallados por quienes han hecho de su sometimiento y humillación su principal política de gobierno. Son éstas las graves consideraciones que la situación nos merece y queríamos hacerlo partícipe de ellas al/a la Señor/a Embajador/a, dada la reconocida adhesión del Gobierno que V.E. representa a los ideales democráticos y los profundos lazos de amistad que unen a nuestras naciones.
Saludo al/ a la Señor/a Embajador/a, con nuestra más alta y distinguida consideración.
MESA EJECUTIVA CC
Dra. Elisa Carrió
Fuente:
http://www.coalicioncivica.org.ar/contenido/view.php?bn=sitio_prensa&key=1257987087
