La cuestión son los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia)
Por Raúl Degrossi
...porque son una de las principales herramientas para gobernar que tiene
Cristina hasta el 2011, por eso
acá le bajan el tono al tema Redrado (porque
además se quemó el rancho opositor) y
acá en cambio van adelante con los faroles de la mano del
fiestero Badeni y Cassagne padre (la cosa no
está para dejársela al nene):
Explico (o trato):
El gobierno tiene prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2011 (más allá
del final del mandato de Cristina) la
Ley de Emergencia Económica
25561, que incluye unas cuantas facultades delegadas y la posibilidad
de renegociar los contratos de las empresas de servicios públicos
privatizadas, entre otras cosas (fijar el tipo de cambio por ejemplo).
Tiene Presupuesto 2010 y si a fin de año no le votaran el 2011, puede
prorrogar el 2010 porque lo contempla la
Ley de Administración
Financiera 12510; y si se lo votan con modificaciones puede vetarlo
parcialmente y promulgar las partes no vetadas.
Para cualquier iniciativa opositora que no le guste tiene el veto, y no
creo que el Grupo A junte los dos tercios para poder insistir.
Las facultades delegadas (que incluyen las retenciones por ejemplo)
vencen el 24 de agosto, pero si no se las prorrogan, quedan vigentes
igual los actos dictados en uso de esas facultades con anterioridad
(por ejemplo las resoluciones de Economía fijando retenciones), y si el
Congreso los quiere derogar, debe dictar una ley y ahí volvemos al tema
de los vetos.
La
Ley 26122, que regula el trámite de los DNU en el Congreso, es la
que también regula el procedimiento (igual al que vimos ayer por
televisión) para analizar los vetos parciales del Poder Ejecutivo a leyes del
Congreso (por ejemplo la reforma política) para dictaminar si lo
promulgado tiene autonomía jurídica para ser promulgado como ley, sin
esperar a que el Congreso trate el veto; y también para analizar la
legislación dictada en uso de las facultades delegadas.
Sobre los DNU, la ley es muy clara: una vez analizados por la
Bicameral (la que se reunió ayer), el Congreso por intermedio de ambas
Cámaras (por separado) debe darle
"expreso e inmediato tratamiento"
(artículo 21), lo que implica pronunciarse por sí o por no por la
validez del DNU, sin poder modificarle una coma (artículo 23), por
sendas resoluciones de cada Cámara (artículo 22), pero "inmediato"
tampoco es un plazo concreto, como si lo son los diez días hábiles que
tiene el Jefe de Gabinete para mandar los DNU al Congreso, y la
Bicameral para tratarlos (otros diez desde entonces); plazo que
recuerdo surgen de la Constitución, misma que dice "inmediato" para que
el Congreso lo trate (si no se pusieron de acuerdo en el Pacto de
Olivos, joderse).
Con que una de las dos Cámaras (por ejemplo el Senado) diga que lo
aprueba, el DNU queda ratificado porque para el rechazo deben sumarse
los rechazos de las dos Cámaras, que lo analizan por separado y
simultáneamente (o sea no una después de la otra, como una ley), lo
cual crea otro marco de análisis y de presión (piensen por ejemplo en el trámite de
la ley de medios, con las presiones para cambiarle en el Senado una
coma al texto de Diputados para que volviera y pasara para luego del 10
de diciembre).
Mientras lo tratan (como se dijo con insistencia estos días) los DNU
tienen vigencia y deben cumplirse (
artículo 17 de la Ley 26122); y por
eso se usan, porque no son fáciles de tumbar,
hasta que la Justicia
metió la cola y por eso la gente del Grupo A fue a Comodoro PY más
rápido que al Congreso.
Por eso el gobierno usó un DNU para rajarlo a Redrado, porque
con un
decreto simple primero se discutía en el Congreso (por la Comisión que
crea la Carta Orgánica del BCRA) y luego Cristina decidía, con el DNU
es al revés.
El gobierno no convoca a extraordinarias porque no tiene la certeza de
que los decretos sean aprobados (habrá que ver como están los números),
y/o porque no puede ceder en el hecho de que es una prerrogativa de la
Presidenta (exclusiva en mi opinión, la Constitución es para mí clara y
el Congreso no puede autoconvocarse), y ella decide cuando, como y
porqué la ejerce.
La oposición en tanto, tampoco parece estar muy segura de tener los
números en las dos Cámaras para rechazar los DNU (sobre todo el
primero,
el segundo puede ser abstracto en días si el torniquete sobre
Redrado termina en su renuncia) y por eso plantea que la Presidenta
convoque a extraordinarias "para tratar el tema del Fondo del
Bicentenario y analizar alternativas", algo (lo segundo) que no podría
hacer en el marco puro y simple de analizar un DNU (como dije, o lo
aprueba o lo rechaza).
Encima se la sirvieron en bandeja a Carrió para reaparecer más
bronceada (si tal cosa fuera posible) y con su discurso de
republicanismo ético no transero, que le permitirá ganar adeptos entre
los lectores de La Nación que se estaban entusiasmando con Cleto (ese
es otro tema a seguir).
También se empezó a caer la idea de la "autoconvocatoria del Congreso"
por varias razones: es insostenible en términos constitucionales (al
menos en mi opinión), no deben tener los números para juntar el quórum
(con que no le alcancen en una de las dos, no pueden sesionar, artículo
65 CN) y sienta un peligroso precedente para un futuro gobierno de los
hoy opositores (piensen en los últimos meses de De La Rúa y la amenaza
de autoconvocatoria del PJ, sin concretarse miren como terminó la cosa).
Por eso la ofensiva judicial sigue avanti, va más allá de Redrado (un
cadáver a esta altura), de la "autonomía" del Banco Central (tan dañada
en estos días por ambos lados, como el aura de impunidad de Ernestina
por los pibes, ambas cosas obviamente para bien), de las reservas y del
pago de la deuda (cuestión que nadie discute, incluyendo a
Claudio
Lozano y Pino Solanas, que hacen literatura de ficción);
y tiene que
ver con el ajuste fiscal (ahora o en el 2011) que la derecha impulsa,
contra toda lógica económica, a favor de toda lógica de sus propios
intereses, y con los DNU como herramienta de gobernabilidad de un
gobierno con minoría parlamentaria (el de Cobos, por ejemplo).
La Justicia (incluyendo a la Corte) tampoco la tiene fácil (Sarmiento
ya está pidiendo que le tiren un cable los poderes políticos para salir
de donde se metió, por eso gana tiempo) en algún punto de la cadena
(quizás en la Cámara Contencioso Administrativa, habrá que ver) alguien
va a retomar la
doctrina Greco (el camarista recusado por Gregorio Badeni, que
luego se excusó), o sea los DNU (al menos los de las características
del que creó el Fondo del Bicentenario, que
no afectan directamente un
derecho subjetivo de los ciudadanos, o una garantía individual o
colectiva constitucional) no son justiciables, deben ser evaluados por
los poderes políticos electivos (Presidente y Congreso) de acuerdo a la
Constitución y a la ley 26122.
En cierto modo
ya lo dice la Cámara Contenciosa al resolver la
recusación de Badeni contra Greco (que escribió libros y artículos
sosteniendo esa postura que dije en el párrafo anterior), y
rechazándola porque eso no constituye prejuzgamiento como para
apartarlo de la causa, pero el tipo se excusó para dejarle un argumento
menos a
Gregorio el fiestero, y de paso sacarse un quilombo de encima,
pero los camaristas no descartaron la teoría Greco ni mucho menos.
Los jueces (poder con mañas si los hay) ganan tiempo esperando que la
cosa decante en el plano político, con el embargo de Griesa, la salida
de Redrado, ver si hay o no extraordinarias, ver como van las encuestas
(un gobierno al que convenga acosar judicialmente hoy, puede ser uno
que te promueva o te acuse en el Consejo de la Magistratura mañana y
todas las viceversas que se les ocurran) y si se pueden sacar el
quilombo de encima diciendo que la cosa devino abstracta, o que está
discutiéndose en el Congreso, o que no es justiciable; si dicen lo
contrario se ganan un quilombo a futuro cada vez que un gobierno dicte
un DNU, al menos de éstas características.
Por lo menos así lo veo yo, diría Guillermo Nimo
