El fallo a favor de Clarín

Por Raúl Degrossi


Otro fallo impresentable de la justicia en relación a la ley de medios, mil veces peor que el de la Cámara mendocina en el recurso del diputado Thomas, acá.




Se trata nada más ni nada menos que de la causa promovida directamente por el mismísimo grupo Clarín (es decir, sin personeros, ni ong's sospechosas, ni diputados alquilados) en la Justicia Civil y Comercial Federal de la Capital, resuelto en primera instancia por el impresentable juez Carbone, y ahora confirmado por la Cámara de Apelaciones.



Al igual que en la causa mendocina, resuelve una cautelar solicitada (supongo que en medio de un amparo), no es una sentencia de fondo, pero se le parece mucho porque los argumentos con los que decide (un auténtico disparate) están anticipando de un modo claro cual sería el sentido de un fallo definitivo.



El planteo de Clarín apuntó al artículo 161 de la ley (la famosa cláusula de desinversión), o sea al corazón de la ley misma, norma que lo obligaría a desprenderse en el plazo máximo de un año desde aprobado por el Plan Nacional de Servicio (distribuyendo el espectro), por la Autoridad Federal que encabeza Mariotto, de las licencias que exceden los máximos permitidos por la ley en radio y televisión, y de la clientela del negocio del cable que exceda el 35 % del total del mercado.



Por otro lado le apunta también al artículo 41 que es el que establece que las licencias por regla general son intransferibles, sin autorización previa de la Autoridad de Aplicación y hasta tanto no hayan transcurrido cinco años de su otorgamiento (es claro que se está refiriendo a las nuevas licencias otorgadas conforme a la nueva ley), porque el artículo 161 se remite al 41, para decir que la transferencia de licencias que se haga para cumplir la cláusula de desinversión, también debe ser aprobada por la Autoridad de Aplicación de la LSCA, justamente para evitar la burla de la pauta legal mediante el uso de "empresas pantalla" fraguando desinversiones que no son tales.



Aquí en Perfil se dan algunos mayores detalles del fallo, que no son menos bochornosos, porque vincula a la libertad de expresión ¡y la actividad periodística! con las normas de desinversión (que si algo pone en juego, es la libertad de empresa, no la libertad de expresión ni el periodismo), y califica a la titularidad de las licencias como "derechos subjetivos" de los licenciatarios, y señala (no hay que reirse por favor) que la aplicación de la nueva ley "conduce a una desinversión forzada que altera el régimen tutelado por la ley 22.285" .



¡Chocolate (suizo importado o Fort) por la noticia!, ése es justamente el propósito no ya de la ley 26.522, sino de toda legislación anti monopolio: promover desde el Estado la desinversión forzada, porque no se ha sabido en la historia de un monopolio que tenga posición dominante en el mercado, que se desmantele voluntariamente.



Lo de "derechos subjetivos" es un chiste porque no puede haberlos ante una licencia o permiso de explotación otorgados por el Estado (ni siquiera en el esquema de la ley de la dictadura), y menos cuando la propia ley de SCA dice textualmente en su artículo 165: "Las disposiciones de esta ley se declaran de orden público. Los actos jurídicos mediante los cuales se violaren las disposiciones de la presente ley son nulos de pleno derecho." , con lo cual no hace más que remitirse a lo dispuesto por el artículo 21 del Código Civil, no hay acto ni contrato que valga cuando media una norma de orden público.



Pero lo más cómico (o trágicómico) del caso es que (según la resolución de la Cámara) esos "derechos subjetivos" (a mantener el monopolio, digamos) surgirían de la legislación vigente al momento del dictado de la ley SCA, y menciona explícitamente el DNU 527/05 dictado por Kirchner prorrogando las licencias, cuando no era un dictador sociópata, ni los DNUS ponían en riesgo la democracia.



Por otra parte no sé que tendrá que ver el DNU 527/05 que prorroga las licencias de radio y televisión, con por ejemplo la pauta de no exceder el 35 % del total de los abonados del mercado del cable, o con las licencias que los grupos monopólicos como Clarín y Vila-Manzano compraron (violando incluso la ley de la dictadura) después del 2005 para consolidar su posición dominante.



Viendo el lado bueno, este fallo (dictado sospechosamente el día que Macri es procesado por las escuchas, de modo de amortiguar el impacto mediático que invalidaría el sonsonete de la "justicia k") parece un reconocimiento implícito del grupo Clarín de que el pronunciamiento de la Corte el 19 de este mes en la causa Thomas les será desfavorable.



Pero cuidado: habrá que ver no sólo como falla la Corte (a favor o en contra de la vigencia de la ley), sino con qué argumentos, porque todo parece indicar que apuntaría hacia una cuestión de forma (el uso promiscuo y abusivo de las cautelares por los querellantes, livianamente despachada por los jueces) o sosteniendo la doctrina tradicional de no inmiscuirse en el proceso de gestación de una ley en el Congreso, salvo que se hayan violado abiertamente normas de la Constitución (como por ejemplo en la ley del cheque con la mayoría absoluta, ejem); pero sin ir al fondo de la cuestión (si la ley de medios es o no constitucional), porque el recurso de Thomas no lo plantea en ningún momento.



Aun así, si el fallo de la Corte del miércioles próximo es lo suficientemente contundente respecto de los límites de las partes para pedir cautelares, y de los jueces para otorgarlas, la jurisprudencia que siente se aplica directamente a este caso, que todo indica también llegará a la Corte, más tarde o más temprano.
 
 

Posdata sobre el fallo, para cagarse risa.

Según la información publicada en Clarín y Perfil, en el fallo la Cámara (y Clarín, obvio) se basan en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, vulgarmente conocida como Pacto de San José de Costa Rica.



Debe ser en la parte que dice "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales..., de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones."



Donde yo puse en el texto los tres puntitos, es porque saqué una partecita que (a continuación de "controles oficiales" dice lo siguiente: "o particulares de papel para periódicos", no sé si te suena conocido, Papel Prensa y todo eso (los abogados de Clarín deben haber hecho el mismo corte y pega que yo en el escrito, je,je).



Y se olvidaron (los jueces) de otra norma, la que dice que "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.


Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales..."



Bueno, se les puede pasar, andarán con mucho laburo después de todo no es más que el artículo 42 de la Constitución Nacional, a quien le interesa, ¿no?