el 82% movil

Por Raúl Degrossi


Sin pretender dar por cierta la información de Clarín, lo cierto es que la propuesta del Grupo A de atar la jubilación mínima al salario mínimo, impacta en el mercado del trabajo y en la discusión salarial: hasta ahora el Estado empujaba las convocatorias del Consejo del Salario, y los aumentos al mínimo, del mismo modo que viene asumiendo desde 2003 una actitud pro-sindical en la negociación colectiva.




Pero si el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil condiciona el de la jubilación mínima (como propone la oposición en el Congreso), la decisión que se tome en ese sentido tendrá un costo fiscal que hasta ahora estaba ausente.



El proyecto del 82 % móvil se inscribe también en esta lógica: cuando el objetivo redistributivo se cumple a expensas de recursos del Estado (como pasa con las jubilaciones o el mínimo no imponible de Ganancias) todos están de acuerdo, sobre todo los que no gobiernan, pero cuando hay que cumplirlo transfiriendo ingresos del capital al trabajo (como en las negociaciones de paritarias), o al Estado (como en las retenciones o la política impositiva) desaparecen el "consenso" y la unanimidad, y comenzamos a hablar de "desborde salarial" o "voracidad fiscal".



Por eso la presentación simultánea del 82 % móvil y la baja/eliminación de retenciones tienen una lógica común: desfinanciar al Estado y quitarle capacidad de arbitrar eficientemente en la discusión capital-trabajo por la distribución del ingreso, obligándolo a largo plazo a un ajuste fiscal (o moderar la política expansiva del gasto), o a convalidar los niveles de aumento salarial que los empresarios están dispuestos a conceder.



De allí que la propuesta del 82 % móvil sin precisar el financiamiento no preocupa a la AEA o la UIA, que en todo caso se ponen en alerta ante la perspectiva de que se financie con el aumento de las contribuciones patronales (como propone Lozano), pero aun así le queda la alternativa de trasladar el aumento a los precios, o achatar la pauta salarial (no es lo mismo un aumento por ejemplo del 25 %, con los actuales niveles de aportes, que volviendo a los anteriores a 1993).



Todo esto implica la necesidad de abordar el tema de la recomposición de las jubilaciones en un contexto mucho más amplio, perspectiva que por supuesto al Grupo A no le interesa en absoluto.