Ley de Entidades Financieras 3

Por Mariano Kohan

Documento del Credicoop

Sistema financiero y modelo de país

A. El sistema financiero que tenemos

L

os resultados de la aplicación de esta Ley, más allá de las modificaciones parciales que se le introdujeron a lo largo de los últimos 27 años de vigencia constitucional, son en síntesis los siguientes:

Los préstamos son escasos cuando se los compara con el PBI (12%), y se encuentran por debajo del nivel que muestra el promedio de los países latinoamericanos (37%) y desarrollados (123%). Este dato, que se vincula al bajo aporte que realizan los depósitos como proporción del PBI, expresa la baja profundidad que posee nuestro sistema bancario.

En forma complementaria se observa una fuerte concentración del crédito, tanto a nivel regional como por tamaño de empresas. Por caso, a fines de 2007 solo diez empresas, entre 120.000 deudores, concentraban el 10% del financiamiento total. A la vez, la extensión temporal promedio de los depósitos a plazo fijo, concentrada en los de 30 días, dificulta el otorgamiento de crédito a mediano y largo plazo y alienta el financiamiento al segmento más rentable para la banca comercial: el de consumo, que representa casi un tercio del total.

La contraparte de la elevada concentración del crédito es la escasa asistencia recibida por las pequeñas y medianas empresas. En este contexto, los distintos grupos de entidades presentan perfiles diferenciados en sus carteras de préstamos. En los bancos cooperativos, los préstamos de hasta 5 millones de pesos –que hemos tomado como un indicador de los préstamos a PyME– representan 58,8% de sus financiaciones totales. Esto es, más del doble del promedio de la banca privada, cuyas asistencias al segmento suman el 25,8% de sus carteras.

Financiamiento a las PyMEs (Enero 2010) En millones de pesos
	Total créditos al Sector Privado no financiero	Cartera PyMe	%
Bancos públicos	43.699	14.347	33%
Bancos privados	95.634	25.742	27%
Bancos S.A. de capital nacional	44.797	12.991	29%
Bancos cooperativos	5.563	3.523	63%
Bancos locales de capital extranjero	38.605	7.964	21%
Sucursales de entidades del exterior	6.669	1.264	19%
Total de bancos	139.333	40.089	29%

Fuente: Informe CEFIDAR. Abril 2010

Otro indicador estructural es la concentración de los depósitos y préstamos desde un punto de vista regional. Los créditos otorgados al sector privado no financiero en el Gran Buenos Aires ascienden a 63% del total, una participación similar a la evidenciada por los depósitos. Por otra parte, el 85% de las casas bancarias de los 10 bancos más importantes está concentrado en la Capital Federal y las ciudades con mayor densidad poblacional, Córdoba, Mendoza y Rosario.

Préstamos y depósitos – Distribución territorial (Diciembre 2009) En millones de pesos
Distrito	Préstamos	Depósitos	Préstamos s/totales	Depósitos s/ totales
Ciudad de Buenos Aires	91.069.020	145.370.111	57,0%	53,2%
Provincia de Buenos Aires	24.820.269	51.658.999	15,5%	18,9%
Conurbano Bonaerense	10.721.428	24.499.409	6,7%	9,0%
Provincia de Santa Fe	10.184.404	13.981.214	6,4%	5,1%
Provincia de Córdoba	8.505.986	15.067.632	5,3%	5,5%
Provincia de Mendoza	3.262.412	6.401.741	2,0%	2,3%
Provincia de Tucumán	2.610.594	3.825.061	1,6%	1,4%
Provincia de Entre Ríos	2.311.467	3.856.174	1,4%	1,4%
Provincia de Salta	1.920.448	2.806.743	1,2%	1,0%
Provincia de Neuquén	1.723.565	3.134.375	1,1%	1,1%
Provincia de Chubut	1.746.808	3.614.707	1,1%	1,3%
14 provincias restantes	11.585.971	23.320.045	7,3%	8,5%
Totales del país	159.740.945	273.036.803	100,0%	100,0%

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA

Uno de los desafíos más importantes es lograr la cobertura universal para toda la población, puesto que hoy está bancarizada menos de la mitad de los hogares. Si bien esa cifra es similar a los promedios latinoamericanos, la disparidad provincial es muy alta, y 13 provincias poseen un alto porcentaje de población sin acceso a la infraestructura bancaria. En diciembre de 2007, de las 3.461 localidades existentes en el país menos de una tercera parte accedía a los servicios financieros, y los dos tercios restantes no poseían sucursales bancarias, por lo que sus pobladores se ven obligados a recorrer grandes distancias para realizar pagos o gestionar créditos. Tales datos indican que el sistema financiero evidencia problemas estructurales que condicionan seriamente la expansión de la frontera productiva y la satisfacción de necesidades financieras por parte de la población.

En este contexto, debe destacarse que en el año 2009 y a pesar de la crisis económica y financiera mundial, los bancos argentinos obtuvieron ganancias por más de $ 8 mil millones, con un fuerte y sostenido crecimiento.

Estas son, entre otras, las consecuencias de un régimen financiero que fue pensado para un país de dos pisos: en uno, los privilegiados o incluidos, y en otro y los que quedan afuera del sistema.

B. El sistema financiero que necesitamos...

La “Propuesta para enfrentar la emergencia” presentada por el IMFC en febrero de 2002 mereció varias actualizaciones, en consonancia con el devenir institucional y económico de país. La última versión, “Propuesta para construir un país con más democracia y equidad  distributiva”, publicada en mayo de 2008, propone un conjunto de reformas necesarias, aún vigentes. Bajo el título “Los desafíos pendientes del sistema financiero”, afirma que:

«Los retos aún pendientes consisten en la implementación de cambios que permitan al sistema financiero contribuir eficazmente al desarrollo económico y social de nuestro país. Las transformaciones deben orientarse a solucionar los principales obstáculos del sector, identificados en esta Propuesta. En primer lugar, debe sostenerse la defensa de la moneda nacional, lo cual significa recuperar la soberanía monetaria y económica de nuestro país. Se podrán de esa forma utilizar las políticas monetarias para fomento del desarrollo productivo y social».

«ü Marco normativo: debe sancionarse una nueva Ley de Entidades Financieras, ya que gran parte de los problemas estructurales que afronta nuestro sistema financiero se originan en la filosofía que lo regula y cuyo pilar central es la actual Ley 21.526 de Entidades Financieras de la última dictadura. Esa ley deja las operaciones del sistema al arbitrio de los bancos, según su respectiva política comercial. A partir de allí, las características institucionales de cada entidad son las que determinan si es la obtención de la máxima ganancia la que orienta las operaciones del sistema, como sucede en el caso de los bancos privados comerciales. O bien, si las decisiones están determinadas por el objetivo del equilibrio presupuestario, teniendo en cuenta la problemática social, como es el caso de los bancos públicos y cooperativos».

«La derogación de la Ley 21.526 constituye un requisito ineludible para cambiar la filosofía de libre mercado» que es incompatible con los lineamientos del modelo socio-económico en construcción. Aquél modelo instaurado por la dictadura «es en gran parte responsable de las deformaciones estructurales, la volatilidad de las tasas de interés y el bajo nivel de financiamiento a las PyME. Lo dijimos muchas veces: la concentración de los préstamos es un reflejo de la concentración de la economía argentina heredada del modelo neoliberal-conservador y que debemos superar. Y el problema radica en que la dinámica crediticia todavía vigente consolida y profundiza esa concentración, cuando debería contribuir a revertirla».

«Por lo expuesto, se requiere una nueva ley que interprete al sistema financiero como un servicio público, dado que posee un alto interés para la comunidad, en tanto se vincula con la gestión financiera de sus operaciones cotidianas y sus previsiones de ahorros y de endeudamiento a futuro».

«Pero la intermediación financiera también tiene un carácter estratégico, por su impacto en la producción y en la economía en general. Estas características requieren de un sistema financiero regulado, no sólo por normas prudenciales –para asegurar la solidez y salud del sistema, como sucede actualmente–, sino con reglas que tengan en cuenta los intereses sociales y del desarrollo económico del país».

«Extensión del crédito: Uno de los desafíos más importantes es lograr la cobertura universal para toda la población, y ampliar también el alcance geográfico de los servicios financieros. Debe construirse un amplio mercado de crédito bancario. Para superar el nivel extremadamente bajo de financiación de la economía se requiere de un entorno macroeconómico sólido y tasas de interés activas, compatibles con la capacidad de pago de los agentes económicos. Asimismo, deben desarrollarse las fuentes de recursos mediante la creación de instrumentos de ahorro a largo plazo, que sostengan la necesaria extensión temporal de los préstamos productivos y de vivienda. Estos objetivos están ligados a la necesidad de democratizar el crédito, puesto que las carteras de préstamos bancarios reflejan, con la excepción de muy pocos bancos, una alta concentración por deudor».

«ü Financiamiento de largo plazo: Se requiere desarrollar un banco público nacional de segundo piso que cumpla con las funciones de un verdadero banco de desarrollo, para poder generar préstamos de inversión a largo plazo. Es una herramienta indispensable para ampliar la frontera productiva, otro de los desafíos relevantes que enfrenta la economía real, muy vinculado con la cuestión financiera. La entidad a crearse deberá colaborar de modo prioritario en la mejora de la productividad de las PyME, junto con los bancos especializados en este segmento».

«ü Asistencia crediticia a las PyME: Las normas de regulación bancaria deben contemplar adecuadamente los bajos niveles de riesgo crediticio de las pequeñas y medianas empresas, así como las ventajas que para los bancos representa mantener una adecuada atomización de las carteras de los préstamos. Ello debe expresarse, particularmente, en las exigencias de capital que deben afrontar las entidades financieras. Esta es una reivindicación importante para el movimiento cooperativo de crédito. A la vez, deben diseñarse y profundizarse medidas concretas para fomentar el crédito a las PyME. Por ejemplo, los mecanismos de subsidios de tasas, que han demostrado ser eficientes y deben ser ampliados en su alcance, con una adecuada diferenciación regional. Hay que ir más allá y establecer tasas de referencia, tanto para operaciones de préstamos como de depósitos y encajes. Se requieren además regulaciones diferenciales según la zona geográfica y las características de los usuarios atendidos (PyME, empresas de la economía social). Una adecuada regulación del segmento de préstamos al consumo permitirá liberar recursos para el segmento de las pequeñas y medianas empresas».

«ü Banca pública: Hay que preservar la propiedad pública de los bancos oficiales e impedir cualquier forma de privatización, incluida la incorporación de capital privado minoritario. Para evitar el financiamiento a las empresas extranjeras y a las grandes empresas nacionales debe fijarse un monto máximo a los préstamos. Las entidades públicas deben tener funciones exclusivas, donde se excluya la competencia de la banca privada».

«ü Banca cooperativa: Deben reconocerse las características de solidaridad y servicio no lucrativo que le son inherentes. En especial por su naturaleza de entidades minoristas y de servicio público, y por su función de apoyo a las PyME. Se requieren regulaciones que alienten el desarrollo de los bancos cooperativos».

«ü Cajas de crédito cooperativas: Debe fomentarse su creación, a través de regulaciones que mantengan su espíritu de entidades de la economía social y permitan su localización en las zonas con mayores necesidades de cobertura de servicios financieros, que son las localidades de menor población relativa».

«ü Origen de los capitales: Debe revertirse la extranjerización y concentración bancaria, a través de la aplicación de la legislación antimonopolista y las regulaciones bancarias...».

«Todas estas herramientas permitirán de manera combinada redireccionar el ahorro y el préstamo para obtener el máximo de eficiencia social. El desafío pendiente es que el Estado, junto con la sociedad, gestionen la problemática financiera de manera democrática. De tal forma que el sistema bancario sea un pilar que contribuya al desarrollo económico y a mejorar la equidad de la sociedad»[1].

C. ...para el país que queremos

Estamos insertos en una crisis profunda a nivel mundial y en nuestro país en una confrontación ideológica política que implica vastos intereses económicos y, también, poner en escena situaciones conflictivas que arrastramos históricamente. De cara al Bicentenario de la Revolución de Mayo, estamos en un momento en el cual se están definiendo los rumbos futuros del modelo de nuestro país, que puede ser la reinstalación del modelo neoliberal en plenitud o un proceso de avance con cambios profundos.

Como cooperadores y ciudadanos, no podemos ser espectadores de esta realidad en la cual estamos insertos. Hay que asumir que la sociedad argentina está fracturada. No todos compartimos el mismo proyecto de Nación pero hay que procurar, en la confrontación de ideas, en el protagonismo democrático, político, ideológico y cultural, construir un modelo de país que integre al conjunto de los habitantes, que asegure la democracia y la inserción en el escenario mundial, a partir de un proyecto diseñado por y para los argentinos.

El choque de ideas pasa, entre otros grandes temas, por el papel del Estado en la economía, la forma en que se genera y distribuye la riqueza, el modo con el que se ubica la República en el contexto internacional. En torno de estas cuestiones, hay quienes siguen pensando en un país con Estado mínimo y mercado máximo. También los que piden anestesiar la memoria y olvidar los horrores del pasado, con el pretexto de lograr una convivencia pacífica.

Nuestra propuesta como cooperativistas se basa en un cambio del modelo económico y social para terminar con el individualismo, la desigualdad distributiva y la explotación desmedida de los recursos humanos y naturales, e instalar una sociedad que se apoye en los principios de solidaridad, justicia social y democracia participativa,  reemplazando el concepto de mercado por el de sociedad.

Soñamos por eso con un país que desarrolle todas sus potencialidades; que asegure una niñez bien alimentada y que pueda acceder a una educación igualitaria y emancipadora para todos; que garantice el acceso a la vivienda digna; al trabajo decente; al goce el tiempo libre; a una vejez protegida, con jubilaciones que cubran todas sus necesidades. Un país que asegure la cobertura de la salud para todos y la posibilidad de disfrutar de todos los derechos humanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales.

Para ese país, para ese modelo de organización económica y social, hace falta financiamiento. Es indispensable que los recursos financieros están al servicio de ese modelo de nación y no del negocio bancario.

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[1] IMFC (2008) pp. 36/ 38