La minería.

Por Carolina Moisés

La utilización y cuidado de nuestros recursos naturales debe ser una prioridad estratégica para la Argentina y sus Provincias, reflejada en  fuertes Políticas de Estado que integren ambos conceptos.

Uno de esos recursos estratégicos es el de la minería, emblemático en estos tiempos por el accidente en la Mina San José en Chile, y demás emprendimientos mineros en toda la región.

Pensar que no debemos explotar nuestros recursos mineros es un error, y muestra la falta de una visión responsable al respecto (Pino Solanas). El desarrollo de la industria minera genera efectos positivos muy importantes, pensados en términos de inversión, desarrollo económico, empleo directo, empleo indirecto, exportaciones, etc. Estos beneficios son compartidos por las poblaciones donde están las canteras, donde todo gira alrededor de la misma; por las Provincias, ya que parte de las regalías aportan a sus presupuestos, y las minas generan un multiplicador económico que genera empleo y desarrollo productivos; y a la Nación, también por el aporte presupuestario de las regalías y su participación en las exportaciones. Siempre y cuando, las riquezas generadas por dicho desarrollo sean compartidas por la población.

Lo anacrónico es ver, en esos pueblos, humildes, con servicios educativos y sanitarios insuficientes, con un limitado abastecimiento de las mercaderías necesarias para vivir dignamente, y una infraestructura escasa. Comparado con la riqueza que se extrae del lugar, existe una brecha muy grande con las condiciones de vida de la población. Y se puede observar la inequitativa distribución de la misma. 

Estos pueblos mineros adquieren una fisonomía particular, especialmente aquellos que existieron  gracias al descubrimiento de la Mina. En Jujuy, la localidad de “El Aguilar” o “Mina Pirquitas”, son lugares en los que primero se desarrolló el emprendimiento minero, y después el “pueblo”, a partir de la instalación de los trabajadores mineros, sus familias, y las necesidades de atención educativa, comercial, y de salud. Así, su identidad se definió indefectiblemente por su relación con la Mina, con la tierra, con la actividad. Pero, con el correr de los años, parecen pueblos detenidos en el tiempo, y en la soledad. Donde la migración de las nuevas generaciones hacia los centros urbanos, por no tener oportunidades de educación y crecimiento en su tierra, también los convierte en pueblos “viejos”. Cuando, podrían ser comunidades con un alto nivel de vida, tanto desde el punto de vista económico, como social y cultural.

El problema, a mi entender, se genera en dos aspectos: la redistribución de las riquezas generadas por los emprendimientos mineros, y la sustentabilidad de su explotación para no afectar al medio ambiente y la salud de la población.

La Argentina y sus Provincias mineras, deben redefinir las reglas de juego del sector en estos dos aspectos, si quiere transformar un recurso escaso y no renovable, en un capital renovable que garantice la utilidad de esa riqueza sostenida en el tiempo. Y que sea disfrutada por la gente.

Es decir, modificar las normas que definen el sistema de regalías, haciéndolas más exigente con las empresas en términos de los porcentajes que deben pagar al Estado, nacional y provincial, por las explotaciones que desarrollan. Generar, un sistema de redistribución más equitativa y responsable de la riqueza generada por las minas, que contenga un porcentaje distribuible directamente entre los pobladores de la zona minera, un fondo para el desarrollo de infraestructura regional, y un aporte directo para instituciones que cuiden el medio ambiente.

De esta forma, cada habitante de la zona minera, recibirá un ingreso específicamente por ser parte de la comunidad propietaria directa del recurso minero, generando un beneficio igualitario y justo, más allá de las retribuciones recibidas por su trabajo. En la actualidad, los pobladores de las localidades mineras no reciben un ingreso por el uso de su suelo, solo perciben el pago por sus servicios en la mina (aquellos que trabajan directamente en ella) o los recursos generados por su trabajo en otra actividad. Así, hay un beneficio directo para cada habitante, que estimula la economía local y mejora las condiciones de vida, generando un desarrollo humano sostenible en dicha comunidad.

El fondo para el desarrollo de infraestructura implica que parte de los recursos generados por el emprendimiento minero sean volcados en las obras que necesita la localidad. Escuelas modernas, centros de salud de atención primaria completa, calles pavimentadas, viviendas y cloacas, y caminos accesibles y seguros. De manera que las condiciones de accesibilidad al pueblo, y sus comodidades de vida, impliquen que existe una responsabilidad social empresaria que se preocupa por el bienestar de aquellos que impulsan diariamente su emprendimiento económico, los trabajadores mineros y sus familias.

Otro nivel de acción urgente, es el cuidado del medio ambiente, haciendo sustentable la actividad. En Jujuy, no hay políticas públicas activas que generen las mejores condiciones de extracción. La Secretaria de Medio Ambiente, no cuenta con personal especializado ni con equipamiento suficiente para realizar los controles que dispone la Ley Provincial de Medio Ambiente. Tampoco dispone del presupuesto necesario para implementar dicha Ley, y llevar adelante los estudios de diagnostico, seguimiento, y control en los emprendimientos mineros. No existe un plan de contingencias, o algo parecido, para poder reaccionar a la altura de los riesgos ambientales que generan los emprendimientos mineros en actividad. Estos son solo algunos ejemplos de la debilidad del Estado, al no tomar este tema como prioritario, para atender una política de cuidado y preservación de nuestros recursos naturales en general, y de la minería en particular.

Por eso, entiendo que la solución es una línea de financiamiento directa, formada por parte de las ganancias generadas por la actividad minera, que genere una institución moderna y ágil, con amplias facultades de control y planificación. Que involucre también a los ciudadanos y a las empresas, no solo al Estado, ya que el cuidado del Medio Ambiente es una responsabilidad compartida por todos los actores sociales.

En conclusión, sostener posturas extremas, que nieguen las posibilidades de desarrollo que nos brindan la utilización de nuestros recursos naturales, es sumamente egoísta, ignorante, y reaccionaria.

Explotarlos, sin ningún tipo de racionalidad o previsibilidad, como sucede en algunos lugares de nuestro país, es de una irresponsabilidad total; calificable también, como en el párrafo anterior, de egoísta, ignorante, y reaccionaria.

Por eso creo que lo más saludable, es asumir una posición responsable sobre el tema, que implique transformar un recurso escaso y no renovable en un capital sostenible en el tiempo, que beneficie a los habitantes de manera directa, y cuide el medio ambiente para la presente y futuras generaciones.

Para eso, hace falta un gran sinceramiento sobre la realidad de la actividad minera, y una fuerte decisión política para cambiar las reglas de juego que rigen al sector.