Por
Carolina Moisés
La
utilización y cuidado de nuestros recursos naturales debe ser una prioridad
estratégica para la Argentina y sus Provincias, reflejada en fuertes Políticas de Estado que integren
ambos conceptos.
Uno de
esos recursos estratégicos es el de la minería, emblemático en estos tiempos
por el accidente en la Mina San José en Chile, y demás emprendimientos mineros
en toda la región.
Pensar
que no debemos explotar nuestros recursos mineros es un error, y muestra la
falta de una visión responsable al respecto (Pino Solanas). El desarrollo de la
industria minera genera efectos positivos muy importantes, pensados en términos
de inversión, desarrollo económico, empleo directo, empleo indirecto,
exportaciones, etc. Estos beneficios son compartidos por las poblaciones donde
están las canteras, donde todo gira alrededor de la misma; por las Provincias,
ya que parte de las regalías aportan a sus presupuestos, y las minas generan un
multiplicador económico que genera empleo y desarrollo productivos; y a la Nación,
también por el aporte presupuestario de las regalías y su participación en las
exportaciones. Siempre y cuando, las riquezas generadas por dicho desarrollo sean
compartidas por la población.
Lo
anacrónico es ver, en esos pueblos, humildes, con servicios educativos y
sanitarios insuficientes, con un limitado abastecimiento de las mercaderías
necesarias para vivir dignamente, y una infraestructura escasa. Comparado con la
riqueza que se extrae del lugar, existe una brecha muy grande con las
condiciones de vida de la población. Y se puede observar la inequitativa
distribución de la misma.
Estos
pueblos mineros adquieren una fisonomía particular, especialmente aquellos que existieron gracias al descubrimiento de la Mina. En
Jujuy, la localidad de “El Aguilar” o “Mina Pirquitas”, son lugares en los que
primero se desarrolló el emprendimiento minero, y después el “pueblo”, a partir
de la instalación de los trabajadores mineros, sus familias, y las necesidades
de atención educativa, comercial, y de salud. Así, su identidad se definió
indefectiblemente por su relación con la Mina, con la tierra, con la actividad.
Pero, con el correr de los años, parecen pueblos detenidos en el tiempo, y en
la soledad. Donde la migración de las nuevas generaciones hacia los centros
urbanos, por no tener oportunidades de educación y crecimiento en su tierra,
también los convierte en pueblos “viejos”. Cuando, podrían ser comunidades con
un alto nivel de vida, tanto desde el punto de vista económico, como social y
cultural.
El
problema, a mi entender, se genera en dos aspectos: la redistribución de las
riquezas generadas por los emprendimientos mineros, y la sustentabilidad de su
explotación para no afectar al medio ambiente y la salud de la población.
La
Argentina y sus Provincias mineras, deben redefinir las reglas de juego del
sector en estos dos aspectos, si quiere transformar un recurso escaso y no
renovable, en un capital renovable que garantice la utilidad de esa riqueza
sostenida en el tiempo. Y que sea disfrutada por la gente.
Es
decir, modificar las normas que definen el sistema de regalías, haciéndolas más
exigente con las empresas en términos de los porcentajes que deben pagar al
Estado, nacional y provincial, por las explotaciones que desarrollan. Generar,
un sistema de redistribución más equitativa y responsable de la riqueza
generada por las minas, que contenga un porcentaje distribuible directamente
entre los pobladores de la zona minera, un fondo para el desarrollo de infraestructura
regional, y un aporte directo para instituciones que cuiden el medio ambiente.
De
esta forma, cada habitante de la zona minera, recibirá un ingreso
específicamente por ser parte de la comunidad propietaria directa del recurso
minero, generando un beneficio igualitario y justo, más allá de las retribuciones
recibidas por su trabajo. En la actualidad, los pobladores de las localidades
mineras no reciben un ingreso por el uso de su suelo, solo perciben el pago por
sus servicios en la mina (aquellos que trabajan directamente en ella) o los
recursos generados por su trabajo en otra actividad. Así, hay un beneficio
directo para cada habitante, que estimula la economía local y mejora las
condiciones de vida, generando un desarrollo humano sostenible en dicha
comunidad.
El
fondo para el desarrollo de infraestructura implica que parte de los recursos
generados por el emprendimiento minero sean volcados en las obras que necesita
la localidad. Escuelas modernas, centros de salud de atención primaria
completa, calles pavimentadas, viviendas y cloacas, y caminos accesibles y
seguros. De manera que las condiciones de accesibilidad al pueblo, y sus
comodidades de vida, impliquen que existe una responsabilidad social empresaria
que se preocupa por el bienestar de aquellos que impulsan diariamente su
emprendimiento económico, los trabajadores mineros y sus familias.
Otro
nivel de acción urgente, es el cuidado del medio ambiente, haciendo sustentable
la actividad. En Jujuy, no hay políticas públicas activas que generen las
mejores condiciones de extracción. La Secretaria de Medio Ambiente, no cuenta
con personal especializado ni con equipamiento suficiente para realizar los
controles que dispone la Ley Provincial de Medio Ambiente. Tampoco dispone del
presupuesto necesario para implementar dicha Ley, y llevar adelante los
estudios de diagnostico, seguimiento, y control en los emprendimientos mineros.
No existe un plan de contingencias, o algo parecido, para poder reaccionar a la
altura de los riesgos ambientales que generan los emprendimientos mineros en
actividad. Estos son solo algunos ejemplos de la debilidad del Estado, al no
tomar este tema como prioritario, para atender una política de cuidado y
preservación de nuestros recursos naturales en general, y de la minería en
particular.
Por
eso, entiendo que la solución es una línea de financiamiento directa, formada
por parte de las ganancias generadas por la actividad minera, que genere una institución
moderna y ágil, con amplias facultades de control y planificación. Que
involucre también a los ciudadanos y a las empresas, no solo al Estado, ya que
el cuidado del Medio Ambiente es una responsabilidad compartida por todos los
actores sociales.
En
conclusión, sostener posturas extremas, que nieguen las posibilidades de
desarrollo que nos brindan la utilización de nuestros recursos naturales, es
sumamente egoísta, ignorante, y reaccionaria.
Explotarlos,
sin ningún tipo de racionalidad o previsibilidad, como sucede en algunos
lugares de nuestro país, es de una irresponsabilidad total; calificable
también, como en el párrafo anterior, de egoísta, ignorante, y reaccionaria.
Por
eso creo que lo más saludable, es asumir una posición responsable sobre el
tema, que implique transformar un recurso escaso y no renovable en un capital
sostenible en el tiempo, que beneficie a los habitantes de manera directa, y
cuide el medio ambiente para la presente y futuras generaciones.
Para
eso, hace falta un gran sinceramiento sobre la realidad de la actividad minera,
y una fuerte decisión política para cambiar las reglas de juego que rigen al
sector.