Documento del Credicoop
Sistema financiero y modelo de país
A. El sistema financiero que tenemos
L
|
os
resultados de la aplicación de esta Ley, más allá de las modificaciones
parciales que se le introdujeron a lo largo de los últimos 27 años de vigencia
constitucional, son en síntesis los siguientes:
Los préstamos son escasos cuando se los compara con el PBI (12%), y se
encuentran por debajo del nivel que muestra el promedio de los países
latinoamericanos (37%) y desarrollados (123%). Este dato, que se vincula al
bajo aporte que realizan los depósitos como proporción del PBI, expresa la baja
profundidad que posee nuestro sistema bancario.
En forma complementaria se observa una fuerte concentración del crédito,
tanto a nivel regional como por tamaño de empresas. Por caso, a fines de 2007
solo diez empresas, entre 120.000 deudores, concentraban el 10% del
financiamiento total. A la vez, la extensión temporal promedio de los depósitos
a plazo fijo, concentrada en los de 30 días, dificulta el otorgamiento de
crédito a mediano y largo plazo y alienta el financiamiento al segmento más
rentable para la banca comercial: el de consumo, que representa casi un tercio
del total.
La contraparte de la elevada concentración del crédito es la escasa
asistencia recibida por las pequeñas y medianas empresas. En este contexto, los
distintos grupos de entidades presentan perfiles diferenciados en sus carteras
de préstamos. En los bancos cooperativos, los préstamos de hasta 5 millones de
pesos –que hemos tomado como un indicador de los préstamos a PyME– representan
58,8% de sus financiaciones totales. Esto es, más del doble del promedio de la banca privada, cuyas asistencias al segmento suman el
25,8% de sus carteras.
Financiamiento a las PyMEs (Enero 2010)
En
millones de pesos
|
|||
Total
créditos al Sector Privado no financiero
|
Cartera
PyMe
|
%
|
|
Bancos
públicos
|
43.699
|
14.347
|
33%
|
Bancos
privados
|
95.634
|
25.742
|
27%
|
Bancos
S.A. de
capital
nacional
|
44.797
|
12.991
|
29%
|
Bancos
cooperativos
|
5.563
|
3.523
|
63%
|
Bancos
locales
de
capital extranjero
|
38.605
|
7.964
|
21%
|
Sucursales
de
entidades
del exterior
|
6.669
|
1.264
|
19%
|
Total
de bancos
|
139.333
|
40.089
|
29%
|
Fuente:
Informe CEFIDAR. Abril 2010
Otro indicador estructural es la concentración de los depósitos y
préstamos desde un punto de vista regional. Los créditos otorgados al sector
privado no financiero en el Gran Buenos Aires ascienden a 63% del total, una
participación similar a la evidenciada por los depósitos. Por otra parte, el 85% de las casas bancarias de los 10 bancos más importantes está
concentrado en la
Capital Federal y las ciudades con mayor densidad
poblacional, Córdoba, Mendoza y Rosario.
Préstamos y depósitos – Distribución territorial (Diciembre 2009)En millones de pesos |
||||
Distrito
|
Préstamos
|
Depósitos
|
Préstamos
s/totales
|
Depósitos
s/ totales
|
Ciudad de
Buenos
Aires
|
91.069.020
|
145.370.111
|
57,0%
|
53,2%
|
Provincia
de
Buenos
Aires
|
24.820.269
|
51.658.999
|
15,5%
|
18,9%
|
Conurbano
Bonaerense
|
10.721.428
|
24.499.409
|
6,7%
|
9,0%
|
Provincia
de
Santa Fe
|
10.184.404
|
13.981.214
|
6,4%
|
5,1%
|
Provincia
de
Córdoba
|
8.505.986
|
15.067.632
|
5,3%
|
5,5%
|
Provincia
de
Mendoza
|
3.262.412
|
6.401.741
|
2,0%
|
2,3%
|
Provincia
de
Tucumán
|
2.610.594
|
3.825.061
|
1,6%
|
1,4%
|
Provincia
de
Entre Ríos
|
2.311.467
|
3.856.174
|
1,4%
|
1,4%
|
Provincia
de
Salta
|
1.920.448
|
2.806.743
|
1,2%
|
1,0%
|
Provincia
de
Neuquén
|
1.723.565
|
3.134.375
|
1,1%
|
1,1%
|
Provincia
de
Chubut
|
1.746.808
|
3.614.707
|
1,1%
|
1,3%
|
14
provincias
restantes
|
11.585.971
|
23.320.045
|
7,3%
|
8,5%
|
Totales
del país
|
159.740.945
|
273.036.803
|
100,0%
|
100,0%
|
Fuente:
elaboración propia en base a datos del BCRA
Uno de los
desafíos más importantes es lograr la cobertura universal para toda la
población, puesto que hoy está bancarizada menos de la mitad de los hogares. Si
bien esa cifra es similar a los promedios latinoamericanos, la disparidad
provincial es muy alta, y 13 provincias poseen un alto porcentaje de población
sin acceso a la infraestructura bancaria. En diciembre de 2007, de las 3.461
localidades existentes en el país menos de una tercera parte accedía a los
servicios financieros, y los dos tercios restantes no poseían sucursales bancarias, por lo que sus pobladores se ven
obligados a recorrer grandes distancias para realizar pagos o gestionar
créditos. Tales datos indican que el sistema financiero evidencia problemas
estructurales que condicionan seriamente la expansión de la frontera productiva
y la satisfacción de necesidades financieras por parte de la población.
En este
contexto, debe destacarse que en el año 2009 y a pesar de la crisis económica y
financiera mundial, los bancos argentinos obtuvieron ganancias por más de $ 8
mil millones, con un fuerte y sostenido crecimiento.
Estas son, entre otras, las consecuencias de un régimen financiero que
fue pensado para un país de dos pisos: en uno, los privilegiados o incluidos, y
en otro y los que quedan afuera del sistema.
B.
El sistema financiero que necesitamos...
La “Propuesta para enfrentar la
emergencia” presentada por el IMFC en febrero
de 2002 mereció varias actualizaciones, en consonancia con el devenir
institucional y económico de país. La última versión, “Propuesta para construir un país con más democracia y
equidad distributiva”, publicada en mayo de 2008, propone un conjunto de reformas necesarias,
aún vigentes. Bajo el título “Los desafíos pendientes del sistema
financiero”, afirma que:
«Los retos aún pendientes
consisten en la implementación de cambios que permitan al sistema financiero
contribuir eficazmente al desarrollo económico y social de nuestro país. Las
transformaciones deben orientarse a solucionar los principales obstáculos del
sector, identificados en esta Propuesta. En primer lugar, debe sostenerse la
defensa de la moneda nacional, lo cual significa recuperar la soberanía monetaria
y económica de nuestro país. Se podrán de esa forma utilizar las políticas
monetarias para fomento del desarrollo productivo y social».
«ü Marco normativo: debe sancionarse una nueva
Ley de Entidades Financieras, ya que gran parte de los problemas estructurales
que afronta nuestro sistema financiero se originan en la filosofía que lo
regula y cuyo pilar central es la actual Ley 21.526 de Entidades Financieras de
la última dictadura. Esa ley deja las operaciones del sistema al arbitrio de
los bancos, según su respectiva política comercial. A partir de allí, las
características institucionales de cada entidad son las que determinan si es la
obtención de la máxima ganancia la que orienta las operaciones del sistema,
como sucede en el caso de los bancos privados comerciales. O bien, si las
decisiones están determinadas por el objetivo del equilibrio presupuestario,
teniendo en cuenta la problemática social, como es el caso de los bancos
públicos y cooperativos».
«La derogación de la Ley 21.526 constituye un requisito
ineludible para cambiar la filosofía de libre mercado» que es incompatible con
los lineamientos del modelo socio-económico en construcción. Aquél modelo
instaurado por la dictadura «es en gran parte responsable de las deformaciones
estructurales, la volatilidad de las tasas de interés y el bajo nivel de
financiamiento a las PyME. Lo dijimos muchas veces: la concentración de los
préstamos es un reflejo de la concentración de la economía argentina heredada
del modelo neoliberal-conservador y que debemos superar. Y el problema radica
en que la dinámica crediticia todavía vigente consolida y profundiza esa
concentración, cuando debería contribuir a revertirla».
«Por lo expuesto, se
requiere una nueva ley que interprete al sistema financiero como un servicio
público, dado que posee un alto interés para la comunidad, en tanto se vincula
con la gestión financiera de sus operaciones cotidianas y sus previsiones de
ahorros y de endeudamiento a futuro».
«Pero la intermediación
financiera también tiene un carácter estratégico, por su impacto en la
producción y en la economía en general. Estas características requieren de un
sistema financiero regulado, no sólo por normas prudenciales –para asegurar la
solidez y salud del sistema, como sucede actualmente–, sino con reglas que
tengan en cuenta los intereses sociales y del desarrollo económico del país».
«Extensión del crédito: Uno
de los desafíos más importantes es lograr la cobertura universal para toda la
población, y ampliar también el alcance geográfico de los servicios
financieros. Debe construirse un amplio mercado de crédito bancario. Para
superar el nivel extremadamente bajo de financiación de la economía se requiere
de un entorno macroeconómico sólido y tasas de interés activas, compatibles con
la capacidad de pago de los agentes económicos. Asimismo, deben desarrollarse
las fuentes de recursos mediante la creación de instrumentos de ahorro a largo
plazo, que sostengan la necesaria extensión temporal de los préstamos
productivos y de vivienda. Estos objetivos están ligados a la necesidad de
democratizar el crédito, puesto que las carteras de préstamos bancarios
reflejan, con la excepción de muy pocos bancos, una alta concentración por
deudor».
«ü Financiamiento de largo plazo: Se
requiere desarrollar un banco público nacional de segundo piso que cumpla con
las funciones de un verdadero banco de desarrollo, para poder generar préstamos
de inversión a largo plazo. Es una herramienta indispensable para ampliar la
frontera productiva, otro de los desafíos relevantes que enfrenta la economía
real, muy vinculado con la cuestión financiera. La entidad a crearse deberá
colaborar de modo prioritario en la mejora de la productividad de las PyME,
junto con los bancos especializados en este segmento».
«ü Asistencia crediticia a las PyME: Las
normas de regulación bancaria deben contemplar adecuadamente los bajos niveles
de riesgo crediticio de las pequeñas y medianas empresas, así como las ventajas
que para los bancos representa mantener una adecuada atomización de las carteras
de los préstamos. Ello debe expresarse, particularmente, en las exigencias de
capital que deben afrontar las entidades financieras. Esta es una
reivindicación importante para el movimiento cooperativo de crédito. A la vez,
deben diseñarse y profundizarse medidas concretas para fomentar el crédito a
las PyME. Por ejemplo, los mecanismos de subsidios de tasas, que han demostrado
ser eficientes y deben ser ampliados en su alcance, con una adecuada
diferenciación regional. Hay que ir más allá y establecer tasas de referencia,
tanto para operaciones de préstamos como de depósitos y encajes. Se requieren
además regulaciones diferenciales según la zona geográfica y las
características de los usuarios atendidos (PyME, empresas de la economía
social). Una adecuada regulación del segmento de préstamos al consumo permitirá
liberar recursos para el segmento de las pequeñas y medianas empresas».
«ü Banca pública: Hay que preservar la
propiedad pública de los bancos oficiales e impedir cualquier forma de
privatización, incluida la incorporación de capital privado minoritario. Para
evitar el financiamiento a las empresas extranjeras y a las grandes empresas
nacionales debe fijarse un monto máximo a los préstamos. Las entidades públicas
deben tener funciones exclusivas, donde se excluya la competencia de la banca
privada».
«ü Banca cooperativa: Deben reconocerse
las características de solidaridad y servicio no lucrativo que le son
inherentes. En especial por su naturaleza de entidades minoristas y de servicio
público, y por su función de apoyo a las PyME. Se requieren regulaciones que
alienten el desarrollo de los bancos cooperativos».
«ü Cajas de crédito cooperativas: Debe
fomentarse su creación, a través de regulaciones que mantengan su espíritu de
entidades de la economía social y permitan su localización en las zonas con
mayores necesidades de cobertura de servicios financieros, que son las
localidades de menor población relativa».
«ü Origen de los capitales: Debe revertirse la
extranjerización y concentración bancaria, a través de la aplicación de la
legislación antimonopolista y las regulaciones bancarias...».
«Todas estas herramientas
permitirán de manera combinada redireccionar el ahorro y el préstamo para
obtener el máximo de eficiencia social. El desafío pendiente es que el Estado,
junto con la sociedad, gestionen la problemática financiera de manera
democrática. De tal forma que el sistema bancario sea un pilar que contribuya
al desarrollo económico y a mejorar la equidad de la sociedad»[1].
C.
...para el país que queremos
Estamos
insertos en una crisis profunda a nivel mundial y en nuestro país en una
confrontación ideológica política que implica vastos intereses económicos y,
también, poner en escena situaciones conflictivas que arrastramos
históricamente. De cara al Bicentenario de la Revolución de Mayo,
estamos en un momento en el cual se están definiendo los rumbos futuros del
modelo de nuestro país, que puede ser la reinstalación del modelo neoliberal en
plenitud o un proceso de avance con cambios profundos.
Como cooperadores
y ciudadanos, no podemos ser espectadores de esta realidad en la cual estamos
insertos. Hay que asumir que la sociedad argentina está fracturada. No todos
compartimos el mismo proyecto de Nación pero hay que procurar, en la
confrontación de ideas, en el protagonismo democrático, político, ideológico y
cultural, construir un modelo de país que integre al conjunto de los
habitantes, que asegure la democracia y la inserción en el escenario mundial, a
partir de un proyecto diseñado por y para los argentinos.
El choque
de ideas pasa, entre otros grandes temas, por el papel del Estado en la
economía, la forma en que se genera y distribuye la riqueza, el modo con el que
se ubica la República
en el contexto internacional. En torno de estas cuestiones, hay quienes siguen
pensando en un país con Estado mínimo y mercado máximo. También los que piden
anestesiar la memoria y olvidar los horrores del pasado, con el pretexto de
lograr una convivencia pacífica.
Nuestra propuesta como cooperativistas se basa en un
cambio del modelo económico y social para terminar con el individualismo, la
desigualdad distributiva y la explotación desmedida de los recursos humanos y
naturales, e instalar una sociedad que se apoye en los principios de
solidaridad, justicia social y democracia participativa, reemplazando el concepto de mercado por el de
sociedad.
Soñamos por
eso con un país que desarrolle todas sus potencialidades; que asegure una niñez
bien alimentada y que pueda acceder a una educación igualitaria y emancipadora
para todos; que garantice el acceso a la vivienda digna; al trabajo decente; al
goce el tiempo libre; a una vejez protegida, con jubilaciones que cubran todas
sus necesidades. Un país que asegure la cobertura de la salud para todos y la
posibilidad de disfrutar de todos los derechos humanos, incluyendo los
económicos, sociales y culturales.
Para ese
país, para ese modelo de organización económica y social, hace falta
financiamiento. Es indispensable que los recursos financieros están al servicio
de ese modelo de nación y no del negocio bancario.
