Los sojeros que enfrentaron en interna abierta a los socialistas de derecha, enojados con sí mismo y por cada uno de los cinco post sobre Binner; silbando bajito por el ataque de sinceridad de Llambías, me quieren hacer cargo a mí, ni más ni menos, de su compañero de (corte) de ruta, don reutemaaaaaannn. Ay, la derecha, la derecha, tan mentirosa, tan vulgar, tan inculta y despectiva. Bue, para esos amigos, entonces,ahí va (la foto, obvio, no tiene nada que ver: pero queda linda: fue cuando entré a la óptica de Eva Row, mi mamá en la blósfera) un par más de la saga, para complementar los cinco post anteriores y continuar con la serie o miniserie, ahí va, entonces, el post más largo del mundo:
6. Más del 90 % de los pedidos de informes presentados por los legisladores de ambas Cámaras legislativas (incluyendo a los oficialistas) a las distintas dependencias del Poder Ejecutivo no han sido contestados, a lo que hay que sumar que en muchos casos el bloque oficialista (incurriendo en la misma conducta que criticara duramente a los hoy opositores cuando eran gobierno) ha votado negativamente, para impedir que prosperen nuevos pedidos de informes o de comparencia de los ministros a dar explicaciones a las Cámaras y comisiones legislativas.
Esto es particularmente visible en el caso de la discusión de la fallida reforma tributaria y del Presupuesto 2009, los dos temas de mayor entidad tratados en el pasado período parlamentario, y que en un caso terminaron en un rechazo terminante del Senado y en el otro, se terminó sancionando en marzo de este año, correspondiendo añadir que el denominado presupuesto analítico (donde están discriminadas las diferentes partidas y su distribución, con el máximo grado de detalle posible) fue remitido a
7. El Presupuesto 2009 no fue sancionado en término, y por ende el Poder Ejecutivo se vio obligado a prorrogar por decreto el 2008 para el futuro ejercicio.
Eso obedece fundamentalmente a la conducta del propio gobierno, que se negó durante su tratamiento parlamentario a dar explicaciones razonables de muchos interrogantes que el proyecto suscitaba, como el fenomenal incremento de cargos y horas de cátedra, el destino de los recursos del denominado Fondo Anticíclico, o la existencia de disponibilidades financieras y su monto global.
Sus legisladores en
El proyecto de Presupuesto 2009 incluyó los fondos provenientes de la fallida reforma tributaria antes que
El proyecto de Presupuesto 2009 fue remitido por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias sólo ante la insistencia de la oposición y de parte del propio oficialismo, especulando el gobierno hasta último momento con manejarse con el Presupuesto 2008 prorrogado, lo que finalmente sucedió entre enero y abril de este año.
Aunque este no les permite ejecutar nuevas obras (sino pagar las certificaciones que se devenguen de las que ya están en ejecución), continuaron los funcionarios del gabinete anunciándolas sin tener la certeza de que contarían con los recursos para llevarlas adelante, incurriendo en aquello que tan duramente criticaron a la gestión anterior al iniciarse el actual gobierno.
8. También continúa el gobierno creando constantemente nuevos cargos que aumentan la planta de personal de la provincia, con el argumento (falso) de la implementación de la nueva Ley de Ministerios, aunque los cargos sean de personal transitorio o de gabinete.
Ese temperamento (apartado de las disposiciones del Presupuesto y de
9. El gobernador ha creado organismos descentralizados (autárquicos) por decreto, como
Pretendió hacer lo mismo con
En el caso de
Esa falta de adhesión impide en la provincia la adhesión al Registro Nacional de Licencias de Conducir y de un Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, la conformación de un modelo unificado de licencia de conductor conforme el establecido para todo el país (tanto en sus características de diseño como en el procedimiento y requisitos para su otorgamiento), la implementación del sistema de puntos (“scoring”) para el otorgamiento de la licencia, la creación de una base informática nacional común para registrar los antecedentes de infracciones, la unificación de la legislación nacional y provincial en materia de infracciones de tránsito (o sea las conductas punibles), sanciones aplicables, documentación exigible para la circulación del vehículo, sistemas de implementación de controles de alcoholemia, características de seguridad exigibles a los constructores de autos e implementación de mecanismos de control de las velocidades máximas como los radares y multas fotográficas y otros aspectos.
10. Se ha lanzado una virtual moratoria impositiva sin ninguna intervención de
En ese contexto, se han practicado verificaciones y exigido declaraciones juradas a contribuyentes exentos por ley del pago de determinados impuestos, aspectos que estaban contenidos en el fallido proyecto de reforma tributaria, por lo que parece que el Ministerio de Economía hace caso omiso del rechazo de
Esa misma reforma tributaria pretendía sustraerle al gobernador de la provincia la facultad de resolver los recursos administrativos de apelación contra las decisiones de
11. Por el Decreto Nº 26/08 se crea
También el decreto crea en la esfera de
Así por ejemplo determinación de impuestos, selección y clasificación de contribuyentes para determinar quienes son “grandes”, seleccionar los contribuyentes a fiscalizar, elaborar los planes de fiscalización, revisar los criterios emanados de los órganos técnicos y jurídicos de
Pese a ello, por el Decreto Nº 3103/08 se suspendió indefinidamente la obligación de publicar en el Boletín Oficial y en Internet el listado de los contribuyentes que adeuden más de 10.000 $ en concepto de Impuesto Inmobiliario y más de 50.000 $ en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que establece el artículo 99 del Código Fiscal.
12. Al reformarse
En esa misma ley, se transfirió al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente toda la competencia relativa a la aplicación del régimen de comercialización y aplicación de productos fitosanitarios establecido en
En la misma línea, se la transfirió a ese ministerio la competencia para entender en todo lo relativo al control de la explotación de los recursos pesqueros, contradiciendo todos los avances institucionales logrados en la provincia con la creación de
No se convocó a la audiencia pública obligatoria que establece la ley Nº 12482 para discutir el plan pesquero provincial y las estrategias de protección del recurso, y una vez ordenada la convocatoria por la justicia (ante un recurso de amparo promovido por organizaciones ambientalistas), en el trámite de la audiencia se violó la reglamentación establecida por el Decreto Nº 1292/04; en cuanto a que no se respetó el tiempo de antelación de la convocatoria a la fecha de realización de la audiencia, no se puso a disposición de los interesados la documentación oficial disponible sobre el tema en discusión y se les exigió que presentasen sus ponencias por escrito con anterioridad, para evaluar si se les permitía o no la participación en el procedimiento.
Antes de que este se desarrolle, y no obstante encontrarse en vigencia el período de veda anual de pesca, se envió una nota a
13. La competencia en materia de seguridad vial y prevención de accidentes de tránsito, originariamente establecida en la esfera del Ministerio de Seguridad, fue transferida en enero de este año (Decreto 239) al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, y a posteriori (por Decreto Nº 1503/08) al Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado.
14. No se ha dispuesto la cobertura de los tres cargos vacantes de vocales del Tribunal de Cuentas, y no obstante la vigencia del Decreto Nº 634/07 que reglamenta el proceso de selección de los candidatos (en los mismos términos establecidos en su momento por Kirchner para los miembros de
Recién a fines del 2008 se dictó la nueva reglamentación que reemplaza al decreto citado, aprobada por su similar Nº 3067, y que se basa sustancialmente en el nuevo reglamento de funcionamiento del Consejo de
Así por ejemplo se tomaría a los aspirantes al cargo una evaluación psicológica en la que se valorarán preferentemente aspectos tales como “apertura mental: saber valorar diversas aproximaciones posibles para la solución de los problemas, sin dejarse condicionar por esquemas o creencias y sin polarizarse hacia una modalidad única y predefinida. Saber rever sin dificultad sus propios puntos de vista y hábitos considerando soluciones, modalidades y posibilidades de interpretación distintas de las propias”, premisas incompatibles con un control de legalidad como el que debe hacer el Tribunal.
En el concurso que se está sustanciando actualmente para cubrir dos de las tres vacantes existentes en un cuerpo de 5 miembros (que por ende no podía funcionar normalmente) el jurado está integrado por el Secretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado (o sea el responsable de hacerle firmar al gobernador los decretos que luego debe controlar el Tribunal), y presidido por el Ministro de Economía (es decir el responsable de disponer el destino de todos los fondos del Presupuesto cuya fiscalización también corresponde al Tribunal) y, en representación de
15. En el caso de
No obstante esa apertura, el candidato seleccionado por el Gobernador para ocupar el cargo es un juez en funciones con el cual lo une una larga amistad personal y familiar, cuyo acceso al Poder Judicial fue duramente criticado en su momento por sus escasos antecedentes profesionales, y cuyo desempeño como magistrado estuvo teñido de cuestionamientos por decisiones controvertidas que favorecieron al propio Binner y a otros funcionarios de la actual gestión de gobierno, al eximirlos de toda responsabilidad en el sonado caso de la caída del muelle del Parque España cuando era intendente de Rosario, entre otros.
La postulación ha recibido cuestionamientos no sólo desde la oposición por esos motivos, sino de los propios partidos aliados al socialismo en el Frente Progresista, pero no obstante eso y la vigencia del reglamento aprobado por Binner, nada parece indicar que vayan a ser siquiera considerados para posponer el envío del pliego legislativo.
16. Otro tanto sucede con los miembros del ENRESS (Ente Regulador de Servicios Sanitarios), que a la fecha se encuentra completamente acéfalo, aunque el vencimiento de sus mandatos se había producido con anterioridad al inicio de la actual gestión (es decir que el tema en modo alguno era desconocido para ésta), y no obstante los reiterados anuncios (llegando incluso a trascender los nombres de algunos candidatos a ocupar los cargos), no se ha enviado ningún pliego a
Pese a esa acefalía, el gobierno dispuso un aumento del 39 % promedio en las tarifas del servicio de agua potable y cloacas, sin contar previamente con el dictamen del órgano regulador que establece con carácter obligatorio
En el caso de
Esto es importante porque si los aumentos se reducen a trasladar los mayores costos los puede disponer por sí el Directorio de la empresa, en cambio si tienen otras finalidades (por ejemplo financiar obras) los debe autorizar el gobernador, lo que no ha pasado en ninguno de los tres incrementos dispuestos este año. Un análisis del Presupuesto 2009 revela que el aumento del precio de la electricidad que compra
17. El órgano de control interno establecido por
Como consecuencia de eso, no se ha avanzado en la conformación de los sistemas de control interno, es decir en la puesta en funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna en cada uno de los ministerios y dependencias del Poder Ejecutivo provincial.
18. En el caso de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico, se dictó el Decreto Nº 1255/08 por el que se modificó el Decreto Nº 132/94 que reglamentaba su funcionamiento.
Bajo la apariencia (o el pretexto) de una agilización de los procedimientos administrativos que la realidad posterior ha desmentido, lo que en realidad se ha hecho es aumentar la discrecionalidad de los funcionarios para decidir cuando pedir o no dictamen jurídico en determinadas circunstancias, y en algunos casos como el Ministerio de Educación se han creado organismos políticos (Direcciones Provinciales) por encima de las asesorías jurídicas que terminan asumiendo sus funciones o se han “privatizado” éstas derivando expedientes hacia estudios jurídicos o consultoras privadas mediante el pago de un abono.
La fallida reforma tributaria, incluso, contemplaba en el caso de los recursos de apelación ante el Poder Ejecutivo por decisiones de
19.
No obstante eso, en el proyecto de Presupuesto 2009 el Poder Ejecutivo plantea elevar de
20. Las contrataciones directas invocando razones de urgencia o emergencia imprevisible u otras causales de excepción son moneda cada vez más frecuente, y en muchos casos ni siquiera se instrumenta un procedimiento de contratación formal y los funcionarios proceden por las vías de hecho.
Así sucede por ejemplo con las contrataciones de equipamiento informático y mantenimiento del Centro de Cómputos de la provincia, para lo cual se creó un Comité de Emergencia por Decreto Nº 337/08 con facultades para aplicar procedimientos de excepción a la licitación pública, y por Decreto Nº 492/08 se decide conformar una Comisión Técnica Operativa en la órbita del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente bajo la coordinación del Subsecretario de Coordinación y Planificación de la cartera, organismo que tendría a su cargo coordinar con
En ese marco se dictó el Decreto Nº 1132, por el cual se aprobó la contratación directa (efectuada por razones de urgencia y emergencia imprevisible según reza el decreto) para la instalación, puesta en marcha, mantenimiento y alquiler de dos equipos de bombeo para las Estaciones Nros. 1 y 2 ubicadas en la zona oeste de la ciudad, por un monto cercano al millón trescientos mil pesos, y por el Decreto Nº 2221 se aprueba una gestión directa invocando nuevamente razones de urgencia conforme por la cual se le adjudica la ejecución de los trabajos de limpieza y desobtrucción de los desagües pluviales de las zonas sur, centro y norte de la ciudad de Santa Fe, por un importe superior al millón ochocientos mil pesos.
Lo mismo se hizo por el decreto Nº 864 del 15 de mayo de este año, por el que se adjudica la licitación privada (en realidad una nueva contratación directa por razones de urgencia o emergencia imprevisible) convocada por
Con anterioridad por el Decreto Nº 419/08 e invocando una supuesta exclusividad, se contrata la instalación de un stand de la provincia en Expoagro por 4.200.000 pesos, en forma directa y sin licitación pública, lo que se volvió a hacer este año mediante l Decreto Nº 266 y a un costo de 4.400.000 pesos.
Por Decreto Nº 2142/08, se contrató en forma directa invocando razones de urgencia y emergencia imprevisible, y al mismo tiempo el carácter estatal de la contraparte, al Banco Municipal de Rosario para la provisión de las tarjetas magnéticas correspondientes a los planes alimentarios del Ministerio de Desarrollo Social, trámite que mereciera observación legal del Tribunal de Cuentas de la provincia. El contrato contempla prórrogas indefinidas de la adjudicación a favor del Banco Municipal.
Por el Decreto Nº 776/09 se adjudicó en forma directa y sin licitación pública a
21. En materia de designaciones de personal, y no obstante haberse comprometido públicamente el gobierno a hacerlo, no se ha convocado a concursos y continúa vigente el Decreto Nº 3924/87 que los prohíbe.
Por el contrario, en el caso de las designaciones de los funcionarios políticos y personal de gabinete (asesores) no se exigió casi nunca la previa presentación del certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, de acuerdo a lo que establece
Este objetable procedimiento (que no garantiza ni la transparencia ni la concurrencia de las convocatorias) fue convalidado mediante el Decreto Nº 281/09 para ser aplicado como mecanismo de selección para el ingreso en todas las reparticiones de
Por los Decretos nros. 1873/08 y 1023/09 se modificaron las disposiciones del reglamento de suplencias del personal de las áreas críticas de Salud y Desarrollo Social (los hospitales, SAMCO y Centros de Atención Familiar), extendiéndolo a las reparticiones administrativas de los dos ministerios, procedimiento con el cual tanto Capiello como Farías han ido conformando verdaderas plantas paralelas de personal transitorio, que en muchos casos han asumido funciones propias del personal de carrera de planta permanente.
22. El contrato de vinculación entre el gobierno de la provincia y el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. como agente financiero se venció en junio de este año (plazo establecido por Ley Nº 12380 en el año 2004), y el gobierno ya ha dispuesto por decretos dos prórrogas hasta junio de este año, sin que esas prórrogas hayan sido aprobadas por
Incluso la segunda de ellas fue dispuesta una vez vencido el período ordinario de sesiones, y sólo luego de convocadas las sesiones extraordinarias se envío el mensaje pidiendo la aprobación legislativa del acuerdo.
Por Decreto Nº 288/09 se aprobó el pliego licitatorio para un nuevo llamado a contratar el agente financiero, con cláusulas absolutamente direccionadas a favorecer al Nuevo Banco S.A. del grupo Eskenazi, que obviamente terminó siendo el único oferente (hasta el Banco Nación que adquirió el pliego desistió de presentar oferta), y por ende adjudicatario del contrato por cinco años con opción a cinco más. En el mismo proceso y también en forma directa (sin licitación) se le adjudicaron al Banco Municipal de Rosario los depósitos judiciales de los tribunales provinciales de esa circunscripción.
23. Los peajes sobre las rutas provinciales concedidas a la empresa AUFE (en el caso de
En el caso de la autopista, nada se dice por ejemplo de las obras que, conforme al contrato, debía hacer la concesionaria y terminó tomando a su cargo la provincia sin ningún tipo de compensación ni reintegro (como el nuevo puente sobre el Salado a raíz de los daños causados por la inundación de 2003), aunque a las obras (pocas) hechas por la empresa se le aplique el régimen de redeterminación de precios de
Las renegociaciones se basan en los cambios producidos en la economía a partir de la devaluación y la sanción de
En el caso de las concesiones otorgadas a municipios y comunas conforme al régimen de
La concesión de
24. Pese a las promesas de libre acceso ciudadano a la documentación e información públicas, no se ha modificado el programa de funcionamiento del Sistema de Información de Normativas (SIN) establecido por el Decreto Nº 2052/02, de modo que cualquier ciudadano desde una computadora personal y vía Internet pueda acceder a todos y cada uno de los decretos dictados por el gobernador de la provincia, incluyendo por ejemplo los que disponen gastos, designaciones o contrataciones.
Al establecerse el régimen de libre acceso ciudadano a la información pública por el Decreto Nº 692/09, se impusieron tantas excepciones (algunas que no se encuentran en el precedente nacional que es el Decreto Nº 1172/03 de Kirchner) que se desnaturaliza por completo el principio general; a lo que hay que añadir que las solicitudes de acceso a la información deben canalizarse exclusivamente por conducto de organismos políticos denominados “Unidades de Enlace” que determinan cuales tramitan y cuales no.
25. Se dictaron un cúmulo de Decretos (nros. 259, 267, 511, 512, y 911 del año pasado) estableciendo una serie de beneficios y privilegios para los funcionarios políticos (además de varios aumentos de sueldos) en materia de gastos de alojamiento, comida, pasajes y transporte e incluso regalos y gastos protocolares y de cortesía, eximiéndolos de la obligación de rendir cuentas del uso de los fondos acordados a ese fin (lo cual vulnera
A la inversa, no se han homologado en el ámbito provincial los dos aumentos de los valores de las asignaciones familiares dispuestas en el orden nacional por
26. La reforma policial iniciada en el 2006 con la sanción de
Por el Decreto Nº 663 se ratifica plenamente la resolución de Cáceres (Jefe de Policía) dictada cuando finalizaba la gestión de Obeid, disponiendo la integración de las Juntas de Calificaciones; todo como si las Leyes Nros. 12333 y 12521 no existieran o nunca se hubieran dictado.
Es decir nada de títulos del ISEP (Técnico Superior para los ascensos), nada de concursos públicos, nada de jurados integrados por representantes del Ejecutivo o de los propios policías y todo conforme el viejo sistema, preparando una catarata de ascensos retroactivos que ascendieron a un total de 3758 y se concretaron el dictado del Decreto Nº 1854, con efecto retroactivo al 1º de enero de 2006 y pago de las diferencias salariales resultantes.
Pero no sólo para eso: el verdadero propósito es que esas Juntas (formadas sólo por policías) determinen los ascensos a los grados superiores, sin concursos donde participen funcionarios civiles (incluso del Poder Judicial) ni de los propios postulantes elegidos por ellos.
También han desempolvado y resueltos con una celeridad que no se observa en otras áreas de la nueva gestión, todos los reclamos de ascensos retroactivos pendientes de personal policial que Obeid no quiso firmar al final de su mandato. Es cosa de todos los días la convocatoria a nuevas juntas especiales o ad hoc para tratar determinadas solicitudes de nuevos ascenso.
La situación del Instituto de Seguridad Pública no es mucho mejor, por el Decreto Nº 1930 se autorizó a pagarle (luego de ¡8 meses!) las becas a los que están cursando para ingresar a
Por el expediente Nº 00201-0129124-0,
Por ese proyecto (que en estos momentos está a la firma del gobernador Binner para ser luego remitido a
En primer lugar el proyecto plantea reimplantar el cuadro policial de la vieja norma, compuesto por 14 gados (la reforma los redujo a 10) y hacer desaparecer en el vértice superior de la pirámide jerárquica los grados de Comisario Supervisor, Sub Director, Director y Director General de Policía; que la reforma incorporara con el propósito de ir haciendo ingresar progresivamente a civiles desde afuera de la fuerza, a sus niveles de conducción superior.
A eso apuntaban sus disposiciones por las cuales, a partir de 2010, nadie podía aspirar a esos cargos superiores sin contar con el título de Técnico Superior en Seguridad expedido por el ISEP (carrera cuya primera promoción debió haber egresado en 2008), y desde el 2015, nadie podía ocuparlos sin contar con título universitario.
Precisamente ese cronograma de exigencias de capacitación sería borrado de un plumazo de prosperar el proyecto que se remitirá en breve a
El proyecto contempla restablecer las Juntas de Calificaciones, que pasarían a llamarse de Evaluación, organismos exclusivamente compuestos por policías y sin ningún control de las autoridades civiles o políticas, a cargo de los cuales estaría nuevamente (como con anterioridad a la reforma) decidir los ascensos del personal policial.
También se desdibuja el rol de los Tribunales de Conducta creados por
Además en ese caso desaparecería la sanción de exoneración (que conlleva la pérdida del derecho al haber de retiro) y solo existiría la cesantía, y en el caso de las sanciones menores a 20 días de suspensión, las decisiones de los superiores serían inapelables, lo que vulnera incluso a la propia Constitución provincial.
El proyecto reconoce en forma implícita (aunque bastante clara) el derecho del personal pasado a retiro (sin establecer desde cuando) de ascender en la carrera, algo que ni siquiera
En efecto, luego de que el gobierno resolvería en forma masiva los ascensos retroactivos al 2006 (última fecha de funcionamiento de las Juntas de Calificaciones y momento de entrada en vigencia de la reforma impulsada por
Hay que tener en cuenta además que el proyecto (obviamente elaborado por los mismos policías) también va preparando el terreno para que esos ascensos sean masivos, porque reduce los tiempos mínimos de permanencia en cada grado de los uniformados para poder aspirar a un nuevo ascenso (que la reforma había ampliado, al reducir además el cuadro de grados), retornando a los establecidos por
Finalmente y entre otras disposiciones que significan una absoluta marcha atrás en el proceso de reforma policial, el proyecto elimina las disposiciones de
También se permitiría al Jefe de Policía decidir discrecionalmente en que supuestos un procesamiento por delito culposo inhibe al procesado para ingresar a la fuerza o para aspirar a un ascenso; al mismo tiempo que se volvería al sistema de
Justamente la reforma, al establecer el sistema de concursos públicos y abiertos convocados por el Ministerio de Seguridad, estableció que el personal que no los aprobase no podía volver a participar de nuevos concursos hasta transcurridos dos años, y siempre y cuando no se encontrare al término de ellos en condiciones de pasar a retiro; impedimento que en el nuevo proyecto desaparece precisamente porque, al retornar las Juntas, vuelve el principio de los ascensos anuales, o agotados los nuevos tiempos de permanencia en cada grado (que serían menores como se dijo).
Como puede verse a poco que se analice en proyecto que está promoviendo el gobierno de Hermes Binner, de prosperar significará en lo sustancial ceder en toda la línea a las presiones de la corporación judicial para enterrar definitivamente la reforma gestada entre 2004 y 2006, pese a que las leyes que la iniciaron fueron votadas por un amplísimo consenso en
27.
Tampoco tiene una importante morosidad el cumplimiento de
28. Por el Decreto Nº 1900/08 se dispuso el cese de la intervención en el Consejo Provincial del Deporte, pero se le dieron a
29. El 28 de enero se venció el plazo establecido por
Tal reglamentación es importante porque a partir de su dictado se empiezan a contar los plazos a partir de los cuales es obligatoria la conformación de los Comités en los diferentes sectores, desde los 90 días en la construcción hasta los 310 días en el propio Estado, y por ende hasta que eso no ocurriera la ley es letra muerta, como lo comprueba el hecho de que aun no se haya constituido ningún Comité en toda la provincia; lo cual permite suponer que la demora en la reglamentación obedeció pura y exclusivamente a las presiones patronales (
El cuerpo de inspectores del trabajo creado por esta gestión de gobierno, con el propósito de fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales y combatir el empleo en negro (promoviendo el “trabajo decente”) está integrado por personal transitorio, que carece de estabilidad y cuyas designaciones se vencen a los 12 meses de efectuadas, sin que puedan ser prorrogadas conforme al criterio establecido por el Fiscal de Estado; lo que plantea grandes interrogantes sobre su subsistencia futura; y pese a las declaraciones del ministro Rodríguez sobre el combate al empleo en negro y la profundización del control del cumplimiento de la legislación laboral, por Decreto Nº 2896/08 se derogó la exigencia de que las empresas presentasen al Ministerio d Trabajo y Seguridad Social (para su aprobación) los sistemas y procedimientos de control de asistencia del personal, para evitar prácticas vejatorias.
30. Por el Decreto Nº 2364/08 se autorizó al Fiscal de Estado a transar los juicios y reclamos administrativos iniciados por los ex empleados del Banco Provincial transferidos a
En el decreto no se hace mención concreta a pleito judicial en trámite alguno promovido por los bancarios transferidos (identificando la parte demandante y el tribunal ante el cual se litiga, como siempre se hizo), y también se dice expresamente en el decreto que “si bien el resultado de los reclamos en el plano judicial es aleatorio” igual se impulsan los acuerdos, lo que es absurdo. Las transacciones no se impulsan cuando el probable resultado del juicio es “aleatorio” (o sea puede salir desfavorable o no para el Estado), sino cuando se tiene la seria presunción o la certeza (si ya hay fallos anteriores en un sentido) que va a ser negativo para la provincia.
También se habla de “innumerables reclamos” y el prolongado “tiempo transcurrido” sin explicar cuantos son los innumerables, cuanto ha sido el tiempo transcurrido, y por que razón no se han resuelto hasta ahora.
Este criterio se ha seguido en todas las transacciones de la actual administración, vulnerando la práctica seguida en la materia hasta el presente, y por el cual deben constar en las actuaciones la propuesta de cada una de las partes para tratar de llegar a un acuerdo y poner punto final a los juicios, propuestas que generalmente refieren a formas de pago de las deudas o montos reclamados (plazos, cuotas, intereses) y eventualmente a alguna quita o no sobre lo demandado; información toda esta imprescindible para que el gobernador (que autoriza la transacción) vea si es o no conveniente para los intereses del Estado provincial.
31. Pese a las críticas electorales de las autoridades provinciales al dictado de decretos de necesidad y urgencia y al otorgamiento de subsidios o aportes del Tesoro nacional (ATN), se ha procedido de tal modo en forma reiterada con la entrega de fondos a comunas y municipios.
Es decir que mediante decretos de necesidad y urgencia (al menos 5 dictados por el actual gobernador, o sea el quíntuple que los emitidos por
En la distribución de los fondos, además de favorecerse ampliamente a los municipios y comunas gobernados por el oficialismo, se han malversado los recursos del Fondo de Emergencia Social del Conurbano al utilizarlos para esos fines, que son distintos de los previstos en la ley de su creación.
Con un criterio harto discutible y mientras habla profusamente de la autonomía municipal, el gobierno dicta el Decreto Nº 3177/08 a través del cual pretende tener ingerencia y decisión en la distribución de los fondos que en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) remite
No existieron tampoco reparos para otorgar subsidios generosos a los productores agropecuarios, a tal punto que por el Decreto Nº 2745/08 el Gobernador directamente delegó tal atribución en el Ministro de
32. El tan promocionado proyecto de regionalización (en cuyo contexto se ha lanzado recientemente el Plan Estratégico) carece hasta el presente de todo tipo de cobertura legal, llámese ley de
Aun así, los alcances concretos de ese proceso de descentralización pueden hacer que lo pueda llevar adelante el gobernador de la provincia dentro de sus facultades, o deba contar con la anuencia de
No obstante estos interrogantes, el gobierno ha gestionado y obtenido financiamiento de
33. La implementación de la obligatoriedad de la enseñanza secundaria en la provincia conforme a lo previsto por
En efecto, el gobierno ha dado marcha atrás en la aplicación del régimen de itinerancia en los distritos rurales del territorio provincial, con lo cual muchos alumnos de esas localidades y parajes aislados de los centros urbanos verán seriamente dificultado su acceso a los establecimientos secundarios para continuar sus estudios en los últimos tres años, y cumplir de ese modo con la obligatoriedad que marca la ley.
34. No obstante las promesas de campaña, el IRAR (Instituto de Recuperación de Adolescentes de Rosario) continúa intervenido y manejado por el Servicio Penitenciario provincial, habiendo duplicado en el transcurso de este año su población de jóvenes detenidos en condiciones inhumanas.
Por el Decreto Nº 1039/09 se prorrogó hasta junio del año próximo el estado de “emergencia penitenciaria” y por ende la intervención del Servicio Penitenciario en el IRAR, sin visos de que entonces vaya a finalizar pese a las promesas de campaña del Frente Progresista.
En materia de régimen penitenciario, la provincia adhirió en
Ahora bien, acá también hay continuidad en la nueva gestión. El tema penitenciario no tiene estrictamente que ver con la seguridad pública, es la etapa administrativa de ejecución o cumplimiento de la pena privativa de libertad que está impuesta por una sentencia judicial.
Por eso en el orden nacional (y en la provincia hasta diciembre de 2007) el Servicio Penitenciario dependía del área de Justicia (hoy sería de Superti, no casualmente su cartera se denomina “Justicia y Derechos Humanos”).
En la nueva Ley de Ministerios Nº 12817 (originada en un proyecto del entonces diputado Bonfatti) esa área se incluyó dentro del nuevo Ministerio de Seguridad, con la cual no tiene nada que ver.
35. El inicio de la licitación para realizar las obras del Sistema Santafesino de Acueductos creado por
El proyecto de traza de los acueductos que llevaría adelante la actual gestión de gobierno difiere sustancialmente del que fuera aprobado por la propia Ley Nº 12653, y el mismo gobierno en su Plan Estratégico estima en unos 15 años el plazo de implementación definitiva de tan vitales obras.
Por Decreto Nº 2044 del 26 de agosto del año pasado Binner dispuso ratificar en bloque todas y cada una de las resoluciones dictadas por Joaquín durante el gobierno de Obeid, sobre todo
Eso implicó que todos los cuestionamientos que en su momento hiciera el Tribunal de Cuentas al proceso licitatorio (no constitución efectiva de ESGA SAPEM, falta de financiamiento asegurado para las obras, oscuridad en cuanto a la participación de los sectores privados en el financiamiento de las obras, criterios de selección de los prestadores del servicio, traza de los acueductos y proyectos de construcción, materiales y presupuestos, etc) siguen teniendo plena vigencia, y en ese contexto se lanzó la licitación que trajo sus propios inconvenientes.
De los tres consorcios presentados, uno (integrado por Electroingeniería, una de las sindicadas como “empresas K”) fue desestimado por no presentar “compromiso de financiación suficiente”, pese a que la financiación la aportaba el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., al que el propio gobierno de Binner eligió días antes como agente financiero; y los dos consorcios que siguen en carrera están controlados por empresas brasileñas, con financiación del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil.
Al ratificar las bases licitatorias establecidas en su momento por Joaquín, el gobierno del Frente Progresista ratificó la utilización de los materiales escogidos para realizar la obra, muchos de los cuales sólo producen empresas brasileñas (dejando así fuera de la puja a la industria local), aspecto que durante el gobierno de Obeid fue severamente cuestionado por sus legisladores, cuando eran opositores. Lo mismo sucedió con el mecanismo de licitación, por el cual las empresas oferentes cotizan el costo de la obras, con más el de la financiación.
36. Mientras se critica al gobierno nacional por su política en el INDEC, y pese a que la provincia adhirió mediante el Decreto Nº 1304/08 al Censo Agropecuario Nacional lanzado por Kirchner en el 2007 (la adhesión demoró casi un año desde que el decreto nacional fue dictado) y a que los fondos para realizarlo son recibidos por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), uno de los organismos cuyas estimaciones de inflación se contraponen a las nacionales, todas las tareas del Censo Agropecuario (aun no concluido) están siendo llevadas adelante por el Ministerio de
37. Por el Decreto Nº 3168/08 el gobierno de Binner le otorgó a
Todo ello pese a que tal subsidio configura una clara violación de
38. En momentos en que en el orden nacional se está discutiendo la subsistencia o no de los denominados “superpoderes” (es decir las atribuciones del Jefe de Gabinete para modificar el Presupuesto votado por el Congreso), hay que decir que en el año 2008, sobre un total de 3354 decretos firmados por Binner, 341 (el 10,17 % del total) fueron para modificar el Presupuesto; y el monto total de partidas modificadas por decreto del PE fue de 2.951.584.310 $, o lo que es lo mismo el 24,79 % del total de los gastos autorizados por
El 6 de abril de este año Binner promulgó
Es decir que uno de cada 9 decretos que el Gobernador de la provincia dictó en un plazo de tres meses fue para modificar
